En Colombia, cerca del 90% de las empleadas del hogar que respondieron una encuesta reciente señaló que ha perdido su trabajo debido a la pandemia.
«Es nuestra responsabilidad como empleadores pagar los salarios de las trabajadoras domésticas en este momento de incertidumbre».
La frase es del director de cine Alfonso Cuarón, quien en su película “Roma” (2018) retrató en detalle la vida de una empleada del hogar en un barrio de clase media en Ciudad de México.
Y el llamado del cineasta mexicano se hizo público porque, de acuerdo al Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar en México (Caceh), la mayoría de las 2,3 millones de trabajadoras domésticas que hay en ese país han perdido sus trabajos por cuenta de la pandemia del covid-19.
Y en un sector donde las condiciones laborales han sido históricamente precarias, solo el 1% tiene acceso a la seguridad social.
Igual en la región
Es una cifra que se replica en otros países de América Latina.
Una encuesta revelada este miércoles por la Escuela Nacional Sindical, señala que en Colombia, el 90% de las mujeres que trabajan en labores domésticas (de una población estimada en 700.000 empleadas del hogar) se ha quedado sin trabajo por cuenta del coronavirus.
Y según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en América Latina unas 18 millones de personas se ocupan en labores domésticas, de las cuales cerca de 71% lo hacen sin un contrato formal.
«Debido a la alta informalidad del sector, un amplio número de trabajadoras domésticas se han quedado sin un ingreso durante la pandemia de covid-19 debido a que sus empleadores han decidido prescindir de su servicio”, le contó a BBC Mundo Claire Hobden, coordinadora de la estrategia de la OIT para regularizar el trabajo doméstico.
Hobden señala que los gobiernos en la región en su mayoría han propuesto leyes para proteger a este sector, pero todavía falta una mayor implementación de esas políticas.
«Junto a esa precarización, la informalidad hace que no puedan gozar de los beneficios de desempleo que otorgan algunos gobiernos en la región», añadió la representante de la OIT.
«Al no estar legalizadas bajo un contrato, se les hace imposible ser visibles para los Estados”.
Según alerta la OIT, muchas de las trabajadoras domésticas que conservan sus trabajos deben salir de sus casas en medio de las cuarentenas ordenadas por los gobiernos, lo que incrementa el riesgo de contagio del virus.
«Muchas de ellas se siguen movilizando a pesar de las restricciones sanitarias que existen en los distintos países de la región. Están expuestas a la enfermedad y muchas de ellas no tienen acceso a la cobertura de salud por su condición laboral», añade.
«O me quedaban de interna, o me despedían«
Alicia* dejó su pueblo apacible a las orillas del Pacífico colombiano hace unos 20 años para buscar una mejor vida en Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia.
Y la única forma de conseguir sustento para ella y sus cinco hijos fue como trabajadora doméstica en varias casas de personas pudientes de la ciudad.
«Algunas me trataban bien, pero muchas muy mal. Muchas me tiraban las cosas que habían limpiado y me gritaban ‘Hacé las cosas bien, negra estúpida‘«, señala la mujer, cuyo nombre reservamos para proteger su privacidad.
Desde marzo pasado comenzó a trabajar en la casa de una señora. «No conozco su nombre completo. Le dicen María y así nos referimos a ella».
Según su relato, la emplearon por días, de lunes a viernes de siete de la mañana hasta las cinco de la tarde.
Sin embargo, cuando el gobierno del presidente Iván Duque decretó la cuarentena obligatoria por la pandemia, su jefe le dio dos opciones: trabajar de interna (durmiendo en la casa que limpia y cuida) o quedarse sin trabajo.
Ella eligió quedarse: «Tengo tres hijos que dependen de mi. No puedo darme el lujo de perder un trabajo».
Pero allí comenzó otra historia.
«Desde hace un mes me tuve que quedar en la casa. Una casa que tiene muchos baños y muchos cuartos. Los horarios cambiaron, ahora tenemos que estar listas a las siete de la mañana y vamos terminando a las nueve, nueve y media de la noche. Además de trabajar domingos y festivos», relata Alicia.
Además, solo pueden utilizar determinados cubiertos, vasos y platos para sus comidas y una olla separada para cocinarlas. «No podemos utilizar otra cosa para comer. Y si lo hacemos, ella se da cuenta porque tiene cámaras de seguridad por toda la casa».
Hace un par de días, Alicia comenzó a sentirse enferma. «Empecé a sentir mareos y un dolor físico que no me deja trabajar».
Por esa razón se comunicó con la línea de atención de telemedicina de la Facultad de Medicina de la principal universidad de la ciudad, la de Antioquia.
BBC Mundo confirmó que la consulta se realizó con personal médico de la facultad y allí se le ordenó que acudiera para hacerse una prueba de diagnóstico del covid-19. Le dijeron que se aislará en su casa durante 14 días como medida de prevención.
«Un doctor me dijo por el celular que me tenía que ir a mi casa durante 14 días. Pero la señora me dijo que si me iba perdía el trabajo«, señala.
Como no tiene contrato firmado, las condiciones de su empleo no están claras ni garantizadas.
«Yo solo quiero sentirme bien, pero a la vez no quiero perder el trabajo. Es una situación desesperante la que estoy viviendo en estos momentos», dice.
«Pero me da mucho miedo denunciar. Yo tengo mucho miedo, porque me puedo quedar sin trabajo si digo algo o pido algo más».
Agudizado por la pandemia
La situación de Alicia y sus colegas se repite en todo el continente: desempleo, condiciones precarias y explotación laboral se agudizaron con la pandemia del covid-19, señalan múltiples fuentes.
Para Marcelina Bautista, directora de Caceh, muchas de las trabajadoras domésticas se han quedado sin trabajo por la falta de voluntad de los gobiernos de aplicar las leyes existentes en materia de derechos laborales.
«Desde que inició la pandemia comenzamos a ver cómo la mayoría de nuestras compañeras perdían su trabajo”, le dijo Bautista a BBC Mundo.
Aunque el convenio 189 de la OIT, de 2003, que impulso la legislación en los países para garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas, ha sido ratificado por la mayoría de las naciones latinoamericanas, el hecho es que no se han creado mecanismos para hacerlo cumplir.
«No hemos podido cambiar la concepción sobre el trabajo doméstico, hacerlo ver como un trabajo formal y no una ayuda. Las trabajadoras dependen del salario diario para su sustento y el de su extensa red familiar», indica Bautista.
Por eso, junto a Cuarón, lanzaron la campaña #CuidaAQuienTeCuida, para visibilizar el problema de las empleadas del hogar en México.
«El objetivo es recordar a todos lo importante que es cuidar a quienes nos cuidan y el respeto que las trabajadoras, que están en el centro de nuestra sociedad y economía, merecen», explicó en ese momento el director mexicano.
Bautista señala que, como en el caso de Alicia, en México cientos de empleadas del hogar que han quedado de internas o de planta están viviendo en condiciones más delicadas debido a la cuarentena.
«Esclavas«
Una de las situaciones más críticas las afrontan los países centroamericanos, donde no se ha adoptado siquiera legislación de base que garantice los derechos de las empleadas del hogar.
Costa Rica y Nicaragua son los únicos de América Central que se acogieron al convenio 189 de la OIT.
Eda Luz, directora de la Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras, señala que en el código laboral de su país se anota que las empleadas del hogar «deben trabajar 14 horas« y no se les garantiza ni el descanso semanal ni las vacaciones.
«Nuestra situación ya era precaria antes del covid-19. Lo que nos ha pasado es que esta emergencia nos ha llevado casi a ser esclavas», dice Luz a BBC Mundo.
La activista indica que a muchas de las empleadas hogareñas les ha tocado trabajar jornadas más largas con menos tiempo de descanso debido a la cuarentena.
«Ahora están todos los integrantes de la familia y les toca atenderlos a todos, eso significa trabajar de lunes a domingo durante muchas más horas», indicó.
Se estima que en Honduras hay unas 139.000 empleadas del hogar. Y la mayoría de ellas gana un sueldo que no supera los US$150 mensuales.
«Muchas emigran del campo hacia la ciudad y a duras penas tienen uno o dos días libres al año para visitar a sus familiares. Y su único medio para comunicarse es por teléfono o por internet, pero hemos conocidos casos que hasta el internet se lo cobran«, señala Luz.
La informalidad en el sector hace que no puedan gozar de los beneficios de desempleo que otorgan algunos gobiernos en la región»
«Durante la pandemia, como muchas compañeras no tienen cómo comprar los elementos de bioseguridad como guantes o tapabocas, los empleadores dejan de contratarlas para evitar que los contagien a ellos o a sus familias».
De acuerdo a Luz, el año pasado tuvieron que luchar para evitar que se aprobara una ley que, entre otras cosas, permitía que a las trabajadoras domésticas se les pagara el sueldo en especies.
«Solo pedimos que no se nos ponga en el último eslabón de la sociedad«, apunta Luz. «Especialmente con la vulnerabilidad que deja esta pandemia».
Renta básica
Para Franci Corrales Acosta, vocera de la Escuela Nacional Sindical – la entidad que realizó la encuesta en Colombia, una de las primeras en ofrecer un panorama acabado sobre la emergencia de las trabajadora domésticas-, la informalidad del sector se sustenta en gran medida en que la amplia mayoría son mujeres.
«Es discriminación hacia las mujeres. Este es un trabajo relacionado con lo íntimo de la casa y, como se supone que la mujer nació para cuidar, entonces el trabajo doméstico es visto como un favor», señala Corrales.
«Por eso se necesita que el Estado, especialmente en estos días donde son más vulnerables, les garantice esos derechos que corresponden al trabajo formal y obligue a los empleadores a formalizar la relación laboral con las trabajadoras domésticas, para incluir seguridad social, pensión y otros beneficios», añade.
Otro punto en el que insisten las distintas organizaciones es el de la renta básica universal como base para compensar a las empleadas del sector: es decir, que el gobierno no tenga que esperar una situación de emergencia para garantizar los derechos mínimos de las trabajadoras.
El único país que ha dado un paso en ese sentido es Argentina.
«Aunque la mayoría de los países de la región tienen legislación que garantiza los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, Argentina ha sido el único que las ha incluido en su atención de emergencia durante el covid-19», explica Hobden.
Dentro de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Aníbal Fernández para afrontar la pandemia en el país, se contó la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia, una prestación monetaria de carácter excepcional destinada a asistir a los grupos más vulnerables ante la emergencia sanitaria y que incluyó a las empleadas domésticas sin importar el tipo de trabajo que realicen.
«Aunque en Argentina los empleados del hogar también sufren de la informalidad y están expuestos ante el nuevo coronavirus, esta medida es significativa porque no condiciona si la persona tiene un contrato laboral o no», señaló Hobden.
Como lo indica Hobden, en Argentina se presentaron varios casos de presión hacia las trabajadoras domésticas. Uno de ellos, por ejemplo, fue el de un empleador que escondió su empleada en la cajuela de su vehículo para llevarla a su residencia y así evitar los controles policiales.
«Las trabajadoras domésticas están en la primera línea de respuesta y, por su perfil sociodemográfico, se encuentran en una posición de mucha vulnerabilidad en el país. Y pueden ver incumplido su derecho a permanecer en su casa con goce de sueldo», escribió Eva López Moruelo en su informe de la OIT sobre el covid-19 en la Argentina y cómo afecta a las trabajadoras domésticas»
