Periodista Luis García
La escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) para el período constitucional 2024-2028 por parte del Senado de la República implica no sólo un desafío, sino dejar un legado para la democracia dominicana.
Esta enorme responsabilidad institucional recae, en principio, en la comisión especial de senadores designada para tal efecto, seleccionando entre 102 postulantes aquellos que ostenten mejor cualificación para la organización y supervisión, sin traumas, dentro de cuatro años; los comicios municipales, congresuales y presidenciales cuyas tareas se inician de inmediato con la entrega de una nueva cédula de identidad y electoral.
Las antenas y los focos de la sociedad estarán conectados a las ternas que habrán de presentar al plenario de la Cámara Alta con los nombres de los diez hombres y mujeres, cinco titulares e igual número de suplentes, que integrarán el máximo órgano electoral.
Al menos entre los aspirantes existe confianza en la comisión compuesta por las senadoras y senadores Julito Fulcar (Peravia), quien la preside; acompañado de Daniel Rivera (Santiago), María Mercedes Ortiz Diloné (Hermanas Mirabal), Antonio Taveras Guzmán (Santo Domingo), Pedro Catrain (Samaná), Ramón Rogelio Genao (La Vega), Franklin Romero (Duarte), Aracelis Villanueva (San Pedro de Macorís) y Eduard Espiritusanto Castillo (La Romana).
No hay que olvidar que la JCE siempre está bajo la lupa de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como de los demás actores sociales que inciden en la vida nacional.
La Constitución de la República confiere la facultad a ese órgano electoral, en los artículos 211 y 212, de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas.
De manera particular, en el párrafo IV, del artículo 212, establece: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.
Existe el imperativo de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de elegir y ser elegido y la realización de todos los actos lícitos para solventar las referidas prerrogativas, dentro de un Estado social democrático de derechos. De hecho, los partidos políticos son los más llamados a entender el momento de prueba en que vive la democracia
En honor a la verdad, el viejo fantasma del fraude ha desaparecido de la cultura política y electoral del país. Durante casi tres décadas, las últimas, se han organizado adecuadamente procesos electorales diáfanos y con resultados aceptados por el pueblo dominicano, colocando en buen sitial a nuestra democracia; por lo menos a la democracia electoral.
Una efectiva democracia electoral entraña desafíos que demandan ser gestionados con inteligencia. Hablamos de democracia electoral cuando el régimen en el que la lucha en procura del poder público se dirime entre opciones plurales reales, en colegios sin exclusiones y a través de procesos competitivos, reglados y dirigidos por una autoridad de garantizada neutralidad.
Naturalmente, el significado de la democracia electoral debe ser comprendido y asumido a plenitud también por los ciudadanos y los actores políticos.
El proceso de escogencia de los miembros de la JCE ha estado, hasta el momento, revestido de transparencia. Los aspirantes presentaron pública sus respectivas hojas de vida y las entrevistas están colgadas en la página web del Senado de la República; mientras que la comisión ha reiterado que no se apartará de la transparencia prometida.
La sociedad espera que los nuevos miembros del órgano electoral sean el resultado de un desafío superado y que se constituya en la esperanza de un legado de buena práctica democrática.
