“Son españoles los que no pueden ser otra cosa”. Esta fue la definición que propuso para la identidad o “nacionalidad española” el político e historiador Antonio Cánovas del Castillo, ya algo hastiado de tanto debate durante la redacción de la Constitución española de 1876.
Y los hechos parecen darle la razón, sobre todo en estos días en que tantos ciudadanos y regiones quieren dejar de ser españoles y ser otra cosa: vascos o gallegos o catalanes o de otra “ nacionalidad” y algunos, como los navarros, con una larga y probada historia, puestos en el brete de ser vascos o españoles.
En cualquier ciudad vasca se pueden ver adosados a paredes y muros carteles en inglés advirtiendo: “Señor turista, usted no está en España, esta en el País Vasco. Bienvenido”.
En esta región, al igual que en Galicia y Cataluña, mucha señalización está solo en inglés y el idioma regional y nada en español.
En algunas zonas del “país vasco” – en Guetaria por ejemplo- hay incluso indicaciones para el automovilista solo en euskera, el idioma vasco, que llevan al visitante incurrir en errores o violaciones de normas
Y no se trata de carteles ni canciones, como durante tiempos lo demostró la ETA. Se trata de una situación latente, una especie de guerra fría civil continua que hoy se vive en el Reino de España, y que puede precipitarse en muy pocas semanas como consecuencia del empuje separatista catalán.
Para el próximo 27 de setiembre se han convocado elecciones anticipadas en Cataluña. Se trata de elegir las autoridades autonómicas, pero su fin – no expreso ni citado en la convocatoria por cuanto sería violatorio de la Constitución española- es transformarlas en un plebiscito sobre la “ independencia” de Cataluña; sobre su eventual separación de España.
Si gana un frente formado por partidos “soberanistas” , ya hoy en el gobierno, será interpretado por los ganadores como un mandato para la independencia, aunque ello no sea más que una interpretación sin fundamento legal y que no los autoriza a ningún acto unilateral , aun ganando con el 100 por ciento de los votos.
La independencia o separación unilateral sería salirse de la Constitución, la que faculta (Art.155) al gobierno de Madrid a actuar, incluso hasta suspendiéndole la autonomía y asumiendo el gobierno de Cataluña.
Es posible que se evite ese extremo: los catalanes no declararán la secesión unilateral y el gobierno español hará lo posible por evitar una “intervención”. Sin embargo, triunfantes los separatistas la situación será aun más anómala que la que hoy se vive con conflictos jurisdiccionales continuos y repetidas violaciones de las normas constitucionales.
El clima cada vez será peor y además estaría en el ánimo de los soberanistas generar un estado de cosas que “ llame la atención” de la Comunidad Europea,, aunque lo más seguro es que la CE evite inmiscuirse: no tiene mucho en qué fundarse y no está en condiciones de correr aventuras máxime cuando su unidad y estructura no es nada sólida como quedó demostrado con el caso griego.
Pero serán tiempos duros para la suerte de España, sin dudas. Y lo habrán de ser aún si los partidarios de la separación pierden; esto es, si sacan menos del 50 % de los votos, cosa que no es difícil.
Para ese caso, es decir, que el “plebiscito disimulado” lo “gane España”, el esquema no sería mucho mejor: el gobierno electo, aun sin el respaldo de la mayoría absoluta, reforzará sus reclamos autonómicos y es muy probable que el gobierno español, aplacada la fiebre independentista, caiga en el error y la frivolidad de concederles en demasía.
Esto, a no dudarlo, le aparejaría una arremetida de vascos, gallegos, valencianos, navarros, canarios, extremeños y quizás solo se quedarían quietos los andaluces, que es a quienes siempre y hasta ahora les ha ido mejor en el reparto.
Quizás en el Reino deberían ir pensando en serio en una Federación, o en una Confederación incluso.