José María Figueroa de Paula tenía 45 años. Era chofer, pero estaba desempleado y se ganaba la vida transportando escombros.
La semana pasada decidió intervenir en un arresto ilegal, evidente abuso de fuerza, y fue ejecutado públicamente por un funcionario de la Policía Municipal del Distrito Nacional.
Las versiones de la Alcaldía, que habló de “incidente”, “exceso” y hasta de “defensa propia”, han sido una burla. En primer lugar, porque no basta decir que el agente policial será investigado.
El alcalde y la institución, como cualquiera en su caso, deberían ser procesados civilmente por los crímenes y daños cometidos por funcionarios bajo su responsabilidad.
Eso, claramente, no lo sabe la familia del asesinado que, inocentemente, recibió la llamada de David Collado y hasta le permitió llegar al velorio, y él se libera de toda culpa con un simple ‘twitt’ en que pide “perdón” y se “horroriza”.
Tampoco el alcalde puede sencillamente individualizar el hecho y decir que el agente “le quitó el arma a un militar”. Collado tendría que dar la cara por la política que él mismo ha dispuesto y orquestado, con toda la publicidad y apoyo mediático de lugar, para purgar de “limpiavidrios” las calles capitaleñas.
Para compensar un poco, prometió dotar de empleo a quienes estuvieran “perturbando” en las calles, sin detenerse a ver que más allá de Piantini, Evaristo Morales y Naco hay un mundo por descubrir; que los jóvenes dominicanos tienen el peor ingreso de la población trabajadora (unos 12 mil pesos mensuales promedio) y casi un 30 % de desempleo.
Collado tampoco explica si él pretendería que esta limpieza social en las zonas lindas de la ciudad llegue a los barrios y ensanches donde el pueblo habita, porque los empleos creados en el sector servicios son informales en un 64 % y sin ellos la miseria absoluta cundiría, aunque no lo parezca en esta economía en que a los Vicini y demás “partners” del señor Collado les va tan bien.
Por último, ¿por qué David Collado no da explicaciones de que la Policía Municipal esté violando abiertamente la Constitución y la ley, autofacultándose para detener y apresar personas, o incautar bienes, y -admitido por ellos mismos- utilizando efectivos militares en esa ilegalidad? Las leyes y las ordenanzas que citan apenas les permite aplicar multas y, a lo sumo, una acción coercitiva que en ningún caso puede implicar detenciones ni restringir la libertad de las personas, menos aun el uso de la fuerza reservado a la Policía Nacional.
Es su mismo jefe de la Policía Municipal quien con todo orgullo informa que ya han realizado “16,608 actuaciones”, y uno se pregunta, ¿de manera tan masiva se está violando el Estado de derecho en este país, sin que nadie diga nada? Sépase que este mal ya se extiende a Santiago, Dajabón y otras ciudades.
El peligro ya no es para aquellos etiquetados como “limpiavidrios”, pues Figueroa, el ciudadano asesinado, no lo era.
La amenaza es contra cualquiera. ¿Cuántos muertos más le soportaremos al clasismo, la ilegalidad, abusos de poder e impunidad? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar que el despotismo y la arbitrariedad son precios aceptables a cambio de “orden” y “progreso”? ¿Al servicio de quiénes y contra quiénes está siendo gobernada la ciudad de Santo Domingo?
