Dr. Rafael Molina Morillo, director de El Día.
Tenemos motivos para sentirnos orgullosos por ser uno de los países mejor legislados del mundo.
Aquí todo está previsoramente legislado, comenzando por la consagración del derecho a la vida y la consiguiente prohibición de la pena de muerte. Pero no nos dejemos entusiasmar mucho, porque así como somos buenos para fabricar leyes, también somos mejores para violarlas impunemente.
¿Pruebas de que ello es así? Las hay por montones, pero como para muestra basta un botón, aquí va una: a pesar de no existir entre nosotros la pena de muerte, a cada rato la prensa informa cómo la Policía Nacional mata a uno o varios individuos, por Hache o Erre, y no hay sanción ni nada para castigar a los culpables.
Fin de la historia.
Que nadie pretenda justificar ahora esas muertes como el resultado de los famosos y desacreditados “intercambios de disparos”, porque la ley no establece distinciones a la hora de juzgar una pérdida de vida, salvo los casos de defensa propia, que son la excepción.
Este es solo un ejemplo. Hay muchos más. Pero, después de todo, ¿quién les va a hacer caso a esas leyes del carajo?
