¿Es sostenible la deuda pública dominicana?

El endeudamiento público del país ha aumentado de forma constante en los últimos años, lo que ha despertado preocupación sobre su impacto en la estabilidad económica.

Para entender si representa una amenaza, conviene observar su tamaño, su ritmo de crecimiento y los riesgos que implica.

A finales de 2024 y durante 2025, la deuda del sector público no financiero (SPNF) se situó alrededor del 48 % del PIB, según datos oficiales. En términos absolutos, esto equivale a más de US$60 mil millones, impulsados principalmente por financiamiento externo y emisiones de bonos. Aunque este nivel no es extremo para una economía emergente, sí refleja una tendencia ascendente que merece atención.

Si se incluye la deuda del Banco Central, la deuda pública consolidada supera el 59 % del PIB, lo que incrementa la presión sobre las finanzas públicas. Un dato clave es el peso de los intereses: cerca de un cuarto de los ingresos tributarios se destina al pago del servicio de la deuda. Esto reduce el espacio fiscal para invertir en educación, salud, infraestructura o programas sociales.

¿Significa esto que la deuda es una amenaza inmediata? No necesariamente. El país mantiene condiciones para retomar su senda de crecimiento potencial y las agencias calificadoras aún continúan otorgando una perspectiva estable al país, lo que significa cierta confianza en la capacidad de pago y en la gestión macroeconómica.

Sin embargo, sí existe un riesgo creciente. El aumento de la deuda externa expone al país a factores fuera de su control, como cambios en las tasas de interés internacionales o condiciones geopolíticas riesgosas. Además, si el gasto público continúa expandiéndose sin una estrategia clara de consolidación fiscal, la deuda podría crecer más rápido que los ingresos, generando vulnerabilidades.

Por último, si bien es cierto que el endeudamiento público dominicano no es una amenaza inminente, pero sí un desafío que requiere vigilancia. La sostenibilidad dependerá de mantener disciplina fiscal, mejorar la eficiencia del gasto y asegurar que la deuda se utilice para impulsar el crecimiento y no para cubrir déficits permanentes.