Nassef Perdomo Cordero, abogado.
Recientemente publiqué en estas páginas un artículo en el que abordé los principales desaciertos jurídicos del proyecto de ley de extinción de dominio.
Lamentablemente, por cuestiones de espacio no pude incluir uno, igualmente grave, pero que atiende al procedimiento de aprobación de la ley.
Todo parece indicar que los promotores de la ley de extinción de dominio pretenden aprobarla como si fuera una ley ordinaria y no una ley orgánica.
Esto es una violación flagrante del artículo 112 constitucional, que obliga a que sean aprobadas con mayoría calificada todas las leyes que “por su naturaleza regulan los derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos”.
La ley de extinción de dominio cambiará el régimen de la propiedad privada, creará una nueva jurisdicción y regulará el debido proceso en los casos de extinción de dominio.
Estas tres cosas son suficientes cada una por sí misma para que la ley sea considerada orgánica. Juntas conforman un argumento irrebatible.
La categoría de ley orgánica existe para garantizar que, en determinados temas, identificados por su importancia, las decisiones se tomen con un amplio consenso. Saltarse eso y aprobar una ley orgánica sin las mayorías necesarias es una admisión involuntaria de que no se cuenta con los apoyos sociales para aprobarla.
Si esto se hace y se acepta, se sentará un precedente de consecuencias imprevisibles. De nada servirán las disposiciones constitucionales que protegen el régimen de la banca porque podrán ser ignorados con los mismos argumentos que blanden en este caso quienes quieren cercenar también al artículo 112 constitucional.
Las instituciones constitucionales, tales como los derechos, el debido proceso e incluso la categoría de leyes orgánicas, sirven como un freno al poder de los gobernantes.
Mal destino espera a la sociedad en la cual, en aras de las buenas intenciones, se eliminan esos frenos. Como siempre, la historia está llena de ejemplos. Pongamos atención.
