Errores judiciales o lawfare

Sin penetrar en la profundidad del escrutinio jurídico de la sentencia TC/0054/2026, dictada por el Tribunal Constitucional Dominicano, ante un proceso de revisión constitucional interpuesto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), indudablemente este órgano persecutor navega entre errores judiciales o lawfare.

Al momento en que el Tribunal Constitucional analiza, mediante este recurso de revisión la sentencia atacada sin lugar a duda deja mucho que decir, en la forma y en el fondo de los procesos, que, abultados de manera innecesaria, entran en su propio desgaste, y en algunas ocasiones pierden las pruebas valiosas, haciendo de esos casos un circo de tropelía.

Como bien señala Rene Floriot en su libro “Los errores judiciales”, considerando que las causas de dichos errores tienen cabida en dos supuestos distintos; primero cuando la justicia ha extraído conclusiones erróneas partiendo de elementos exactos, o bien a deducido conclusiones lógicas, pero partiendo de bases falsas, falsas confecciones, falsos testigos, documentos defectuosos.

Llevar a cabo una investigación seria, de este tipo penal, donde la complejidad juridica y administrativa implica de un estudio profundo antes de someter a cualquier persona a una acusación de este tipo penal de corrupción administrativa y lavados de activos, seria oportuno entender que todas diligencias procesales probatorias deben ser sometidas a un escrutinio profundo y objetivo, para no marcar o dañar la dignidad de quien se le imputa el hecho.

No entendemos, porque tanto alboroto, ruido y felicidad cuando se someten personas a este tipo de procesos; cuando por el contrario deberían estar avergonzados como sociedad cuando estos hechos ocurren, porque al final del camino toda la sociedad pierde, principalmente todos aquellos que contribuyen al crecimiento de la nación.

Seria nefasto pensar, que un órgano de tanta importancia y que representa a la sociedad, se preste para ser utilizado como un mecanismo de “Lawfare”. Mecanismo judicial que se presta para destruir y neutralizar a un grupo especifico ante un proceso judicial de este tipo penal; todavía hay fe en los hombres y mujeres que componen este órgano anticorrupción; pero sería importante detenerse y revisar su accionar, ya que son varios los casos donde las pruebas presentadas no componen la presunción de un delito.

La corrupción administrativa no es tan sencilla demostrarla, la administración pública es compleja y difícil, más aún cuando no se toman en consideración elementos preventivos de control, sino reparativos, y este órgano persecutor entra en acción en la ultima fase de todo proceso; posiblemente sin elementos contundentes para construir un caso.

El Tribunal Constitucional fue certero al momento de rechazar el recurso de revisión de la sentencia objetada por el órgano persecutor, estableciendo de manera clara y precisa lo que implica el debido proceso, la tutela judicial efectiva y poniendo de manifiesto la línea jurisprudencial en lo que concierne a la figura de lavados de activos, delito precedente y valoración de las pruebas, especialmente en los casos de corrupción administrativa; y otros puntos importantes que dieron lugar a la ratio decidendi.

En los últimos años, han sido frecuentes las críticas a este órgano persecutor, que, a pesar de estar representada por profesionales con muchas experiencias, aparentemente, muestran debilidad en sus investigaciones; al día de hoy muchos dominicanos creen en la justicia, y entienden que no se trata de utilizar la misma como un Lawfare o un simple error judicial, nuestro país necesita seguir luchando en contra de todos los males, entre ellos la corrupción, pero sobre todo que cualquier actuación sea bajo el amparo de lo que representa el significado justicia.

No olvidemos, ni retornemos al pasado ¡Tráncalo y luego hablamos! figura que por muchos años fue parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano, en momentos donde la figura democracia y respeto al orden constitucional no existía, simplemente un estado de represión; en la actualidad se pretende vivir bajo la figura del Estado de Derecho, donde la constitución impone límites y control a todo ente u órgano de la administración y los poderes públicos; obligando a todos ellos a respetar la dignidad y los derechos fundamentales que se consagran en la constitución.

En fin, como bien resalta la figura de la diosa Temis de la mitología griega, la cual representaba la justicia divina, poniendo como valor supremo la objetividad al momento de juzgar sin miedo ni favoritismo, sin pretender acusar más allá de lo que las pruebas puedan ofertar; es importante tener claro los daños que se causan a la familia cuando por un error se juzga a una persona.