Estas tres ventanas en el muro exterior comunican con la primera celda.
Una carta de amor manuscrita se desliza por la ventana. Es del esposo de Yusley, que luego la lee entre el alborozo de sus amigas.
Sería una tierna escena de amor adolescente, si no fuese por lo que hay detrás de la ventana.
El esposo de Yusley está preso. Y espera que lo trasladen a otra cárcel porque, a apenas 20 metros de distancia, hay una celda ennegrecida en la que el día anterior hubo un motín y un incendio que dejó 68 muertos, 66 reos y dos mujeres que visitaban.
A falta de conocer exactamente qué pasó y sin respuestas oficiales, a las afueras de la comisaría de la ciudad de Valencia, en el norte de Venezuela, se mezclan las escenas de alivio con las de desesperanza.
Apenas una reja separa la calle de las celdas donde estaban los reclusos.
Están las muchachas que suspiran por un saludo del amado y que envían sándwiches de jamón y queso a los reos conocidos y a sus compañeros. Y los familiares que se percatan de que necesitan ir a la fiscalía a pedir permiso para retirar un cadáver por un problema de identificación.
Conforme el retén policial, el mayor de la ciudad, se vacía parcialmente, emergen las historias de las personas detenidas y de los familiares que durante meses y años visitaron a los reos en ese lugar.
Y cuentan que son las madres, esposas y novias las que proveen a diario la comida. Y denuncian la violencia dentro de comisarías hacinadas y el pago a policías para que permitan las visitas. Y dejan ver un sistema penitenciario y judicial fallidos.
A falta de saber qué fue lo que pasó exactamente, en BBC Mundo reconstruimos cómo era la comisaría y su funcionamiento tras hablar con varios familiares de presos y agentes.
Tres celdas
Una verja separa apenas la calle del ala del centro donde hay tres calabozos. Por ahí los familiares entregan diariamente la comida que no provee el Estado. El jueves se podía apreciar todavía el hollín del incendio del miércoles sobre las paredes blancas.
La primera celda tiene tres ventanucos en la pared exterior por los que el jueves los presos gritaban a sus familiares y denunciaban ante los periodistas.
Era la celda que daba cobijo a los acusados o condenados por violación y otros delitos violentos. A unas 55 personas, calcula un familiar y un agente.
Muchos familiares se quejan de que no han recibido información sobre lo que sucedió.
Luego estaba la zona de los funcionarios policiales, bien organizada y con buenos servicios.
Al fondo está el más grande. El de los delincuentes comunes, formado por cuatro habitaciones, un baño en una de ellas y un pasillo en forma de L. Allí se produjo el incendio y allí se recogieron los cadáveres.
Familiares y agentes de policía consultados este jueves fuera de la prisión aseguran que dentro había entre 170 y 180 presos. Y un solo cuarto de baño.
«Era un lugar espantoso», me dice un familiar. «Dormían todos apretados». Un agente de la policía del estado Carabobo, aburrido al caer la tarde del jueves, aseguraba que descansaban en colchonetas, cartones y hamacas y que eso fue combustible para el fuego.
Lo descrito me recuerda a una visita que hice en marzo de 2017 a un centro de detención de la policía del estado de Miranda en Los Teques, cerca de Caracas. Vi hacinamiento y falta de servicios. Porque al fin y al cabo son lugares pensados para que los retenidos pasen apenas unos días a la espera de una vista judicial.
Sin embargo, familiares aseguran que algunos reos están allí desde hace años.
«La causa»
Elizabeth Sáez lleva cinco meses visitando a su hijo de 19 años, que salió ileso del incidente del miércoles.
Cada semana disponía de una hora de visita previo pago a un agente de 10.000 bolívares, apenas unos céntimos de dólar en el mercado de cambio paralelo pero mucho para un venezolano de pocos recursos y más con escasez de dinero efectivo.
Sáez habla de disputas, puñaladas y deudas entre los detenidos en la zona de presos comunes donde se produjo el incendio.
Hace unos días, un policía atendió el pedido del joven y -sin cobrar- lo trasladó a la primera celda, a la de los supuestamente más violentos.
Allí encontró calma. Unas sábanas a modo de cortina separaban los espacios donde dormían de cinco en cinco.
Su hijo allí estaba más tranquilo y no tenía que pagar «la causa», que en la jerga del submundo carcelero venezolano significa un dinero semanal. Acababa en manos policiales, asegura Sáez.
BBC Mundo no pudo obtener aún una respuesta del comisario José Aldama para que replique las numerosas acusaciones de corrupción.
Familiares indignados se enfrentaron con la policía fuera dela comisaría tratando de obtener respuestas sobre lo ocurrido.
«La cuota»
La vida es diferente en la segunda zona, la de los funcionarios policiales. El hijo de María José Acevedo, acusado de homicidio, llevaba allí dos años y seis meses. Pero disponía de televisión por cable, nevera y cocina.
Allí había unas 30-40 personas, me cuenta Acevedo. «Pero ellos sí están bien organizados», dice con orgullo, marcando distancias. Todos ellos ponían una cuota semanal con la que compraban agua y comida.
No se usa la palabra «causa», sino «cuota», mucho más civilizada.
A diferencia de Sáez, Acevedo visitaba a su hijo tres veces a la semana, dos horas cada vez y sin pago previo. Le llevaba comida también, hecha o sin hacer, y buscaba y traía ropa limpia y sucia.
Son apenas unos pocos metros cuadrados, pero también ahí hay clases.
«Descongestionar»
Retardos procesales y ausencia de cupos en los penales han hecho que estos centros de detención temporales se conviertan en minicárceles donde el Estado sólo suministra techo, reja y guardián.
Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, cuya capital es Valencia, aún no apareció por la ciudad tras el incidente, pero reconoció que estos centros están saturados.
En un comunicado anunció la creación de un consejo superior de seguridad estatal «que permita descongestionar los retenes policiales y crear nuevos espacios para los privados de libertad» en Carabobo.
El gobernador admitió así un problema que ONGs que defienden los derechos de los reos, como Una Ventana a la Libertad, llevan tiempo denunciando.
«Puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento en circunstancias iguales o peores«, le dijo a BBC Mundo Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, sobre lo sucedido en Valencia.
Según Nieto Palma, hay 45.000 personas en esas mismas condiciones que las de los calabozos de Valencia en aproximadamente 500 centros en toda Venezuela.
El activista critica al Ministerio de Servicios Penitenciarios, del que dice que frena las órdenes de encarcelamiento por falta de espacio en las prisiones, desplazando así el problema a los centros de detención y a las policías regionales.
«Los centros de detenciones son para los reos que no tienen sentencia firme», le dijo a BBC Mundo en un mensaje de Whatsapp un portavoz del Ministerio de Prisiones, que trasladó así la competencia del asunto a las autoridades judiciales.
Los sobrevivientes fueron trasladados a tres centros penitenciarios de la zona. Uno de ellos es muy nuevo. «Les enseñan a trabajar, estudian, hacen deporte», dice Elizabeth Sáez, que espera que su hijo acabe allí, en un centro con condiciones y derechos para los presos.
