En República Dominicana están ocurriendo situaciones extrañas en materia de procesos judiciales penales vinculados a la persecución de la corrupción administrativa que golpean negativamente la médula de nuestra debilitada institucionalidad democrática.
Nos referimos a los famosos acuerdos basados en criterios de oportunidad, que, aunque se trata de instrumentos jurídicos que funcionan a nivel internacional, en el caso dominicano dejan serios cuestionamientos, debido a la aplicación acomodaticia en la justicia.
El problema radica en que determinados acusados de incurrir en corrupción, a pesar de declararse culpables, luego se le exonera penalmente a cambio de inculpar a otros y de la devolución de dinero en efectivo.
La cuestión es que, en la práctica, operan como criterios de impunidad que en nada favorece al aspiracional de fortalecer el sistema de justicia en el país. Desafortunadamente, ese accionar cuenta con el apoyo público de actores del nivel del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; y el director de Defensa Pública, Rodolfo Valentín.
No hay que ser un experto de nada para comprender que de lo que se trata es que el Ministerio Público, en su afán de la búsqueda de condenas en su lucha anticorrupción ofrece esas concesiones indelicadas a confesos culpables para, de esa manera, armar expedientes judiciales; a cambio de impunidades vergonzosas. La consecuencia está en la continuidad de un sistema judicial debilitado, incapaz de dar respuestas adecuadas a una sociedad que aspira a contar con una justicia eficiente.
Mientras estos arreglos se producen, sigue el panorama de la enorme cantidad de presos preventivos. Para la mayoría de éstos no ha valido que República Dominicana sea en el marco normativo un Estado social y democrático de derecho fundamentado en la dignidad de las personas. Peor ocurre si el prevenido le resulta un botín en el interés coyuntural del oficialismo. No se puede hablar de derechos en una sociedad en la cual no existan las garantías correspondientes.
En los recintos penitenciarios hay personas tras las rejas por simples delaciones premiadas, mientras los delatores, que sí han confesado crímenes y delitos, se pasean por las calles libremente o disfrutan de la dolce vita en el exterior. Pero no pasa nada.
El abuso de la prisión preventiva es parte de la cotidianidad. Gente que podría seguir sus procesos en libertad, reciben condenas adelantas ante el silencio cómplice de autoridades que saben que constituye un abuso de poder. Pero no pasa nada.
En tanto que el Ministerio Público aparece como una especie de “leviatán”, un poderoso monstruo en forma de la legendaria Quimera que se impone a todo lo existente. Los jueces parecen ser arrastrados por los fiscales.
En “La ópera de los tres centavos”, del poeta, dramaturgo y narrador alemán Bertolt Brecht, se plantea que “muchos jueces son absolutamente incorruptibles; nadie puede inducirles a hacer justicia”.
ustamente, el compromiso de los jueces debe ser solo con la verdad, desechando todo tipo de oferta material. Ningún ascenso personal ni cualquier otra cuestión de índole material estará por encima del cumplimiento correcto del rol asignado durante el paso finito por este mundo.
Todo es vanidad debajo del sol, parafraseando al rey Salomón; más obrar correctamente conforme a la verdad cae en ámbito de lo bueno y de lo infinito. Esto último estaría, en voz del cantautor cubano Silvio Rodríguez, en el mundo de lo amable, de lo adorable, de lo besable…, cuando la era está pariendo un corazón.
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