Carlos Eduardo Tavárez Guerrero
Está en boga nuevamente la disyuntiva de determinar qué debe imperar si lo legal o lo justo en respuesta a un hecho delictivo. El tema implica un alto nivel de responsabilidad para abordarlo, ya que no se debe dar una opinión fuera del margen de lo jurídico, solo para hacerse el aceptado.
De forma restrictiva todo lo legal es justo, pero no todo lo justo es legal. Lo legal es lo real, lo que dicta la ley, lo justo es el ideal de lo que es o debiera de ser. Partiendo de esos conceptos encontrados, y que lo legal subsume lo justo, es lo que motiva estas líneas. Ahora Preguntamos:
¿Es justo que todo aquel que aprehenda a un ladrón lo ejecute? ii)¿Debe dejarse matar una persona, paralos familiares del occiso salir en venganza?iii)¿Cuál es el rol de la policía y de la fiscalía en el control de la criminalidad?iv)¿Qué es el garantismo o tutela dederechos fundamentales?
i)Históricamente el derecho penal nace como negación de la venganza, en discontinuidad y conflicto con ella.
Y se justifica no con el fin de garantizarla, sino con el de impedirla. Es por ello que cuando comienza a regularse se fundamenta como un derecho-deber privado, que debe respetar la parte ofendida y su grupo de parentesco.
Y precisamos, si es legal, es justo. Aunque desde el enfoque meta-teórico, el lector pudiera tener una valoración diferente en relación con lo que es justo o no.
ii)El derecho penal nace precisamente en el momento en que se crea la disociación entre parte ofendida y ofensor; y se crea un tercero imparcial, o autoridad judicial para dirimir los conflictos que se suscitaban entre ellos. La ley -en el caso dominicano- el Código Procesal Penal surge como una respuesta para equilibrar la desigualdad entre el odio y la sed de venganza del ofendido (víctima), y el «delincuente», y poder administrar esa fuerza arbitraria que muchas veces se torna desproporcional al hecho.
iii) Prevenir la criminalidad y controlarla, vemos que se invierte el papel del ministerio público cuando alguientoma venganza con sus manos, en ese caso, esa relación trilateral de víctima, ofensor, y autoridad judicial,«se invierte», ya que a los particulares le está prohibido hacer justicia, y esta prohibición a la vez es tutelada por el Estado. El «delincuente»en ese escenario, pasa a ser protegido por el manto del garantismo procesal. ¡La justicia tiene un costo para el Estado,cuyo propósito es mantener la paz social!
iv) Es la protección del derecho a la vida, al debido proceso, no torturas, etc.,cuya imposición, muy en contra de los intereses (o clamor) de la mayoría, es el fin justificador del derecho penal. La dignidad de la persona del imputado y por vía de consecuencia la garantía de sus derechos humanos.
Visto lo anterior, sugiero revisar las garantías penales, ya que por nuestra realidad social la población no confía en las prácticas reformatorias de las cárceles dominicanas, ni la reinserción de los antisociales agresores de la ley.
Les comparto la definición de sanción penal, del jurista italianoFilangieri, de su obraCiencia de la legislación, como: “aquella parte de la ley con la que se ofrece al ciudadano la elección entre el cumplimiento de un deber social o la pérdida de un derecho social”.
