En Latinoamérica existe el común denominador de la presencia, cada vez, de una manera creciente, lo que se puede considerar como una desconexión entre la ciudadanía y las instituciones públicas. En la práctica, esto se puede interpretar como una exposición al riesgo de lo que, en años recientes se exhibía como un impulso al progreso, es decir, los logros socioeconómicos alcanzados, desde inicio del siglo XXI, lo que significa que se está ante la presencia de un pronunciado deterioro de los indicadores sociales y económicos.

Lo que ha ocurrido en América Latina es observable con las exigencias de los ciudadanos por mayor transparencia e integridad, por una mejor calidad de servicios públicos, esto es, la combinación de la educación y la salud, y por una mayor apertura y transparencia del Gobierno ya que no se están atendiendo, de forma efectiva, en la región. Como consecuencia de la insatisfacción, la confianza en las instituciones públicas se ha ido deteriorando, de una forma exponencial, debilitando de manera acelerada, la relación Gobierno-Sociedad e induciendo a tensiones sociales en múltiples países.

Para que se pueda entender mejor lo planteado, solo hay que observar dos factores que persisten en la región, que ayudan a explicar la desconexión acelerada por la cual se está transitando. En efecto, por un lado, existen mayores aspiraciones de una clase media que ha crecido significativamente, en las últimas dos décadas; y, por otro, la permanencia de diversos desafíos socioeconómicos en la región, a los que se han unido nuevos retos que emergen en un mundo enérgicamente cambiante.

El progreso socioeconómico, y una mejor calidad de vida, que se logró en América Latina, en las dos últimas décadas han llevado a un aumento de las expectativas y las exigencias por la sociedad. Por igual, a pesar de los avances, las instituciones aún continúan manifestando dificultades, para dar respuesta a algunos retos que persisten, como la vulnerabilidad, que todavía exhiben grandes segmentos de la población que están en la pobreza o se enfrentan al riesgo de volver a caer en ella.

Bajo esa interpretación, surgen nuevos desafíos en un contexto global que cambia rápidamente, que están creando nuevas incertidumbres en la ciudadanía acerca de la capacidad de las instituciones públicas para responder a ellos y garantizar mayores niveles de progreso. La confianza de los ciudadanos latinoamericanos en las instituciones públicas se ha deteriorado en los años recientes, fruto de las violaciones constante a las leyes y la constitución de cada país, así como la crisis global.

La falta de confianza se ha profundizado desde la crisis financiera mundial, de modo que la proporción de la población latinoamericana que tiene poca o ninguna confianza en los gobiernos alcanzó niveles cercanos a un 85% en 2020. Esto representa una caída de la confianza de casi veinte y cinco puntos porcentuales, con respecto a 2006; pero ya en el 2020, solo un 21% de los latinoamericanos dijeron tener confianza en la pureza de las elecciones.

A la Luz de la verdad, dos razones poderosas conducen a una explicación objetiva de tal situación; en primer lugar, la expansión de la clase media, que ha venido acompañada de mayores aspiraciones y de nuevas exigencias por la ciudadanía; en segundo lugar, tras haber experimentado un periodo de progreso rápido y de continua mejora de la calidad de vida, la desaceleración económica que comenzó, al inicio del siglo XXI, ha infundido en muchos fragmentos de la sociedad un sentimiento de inestabilidad, y la percepción de que los avances obtenidos están bajo la incertidumbre del riesgo.

En adicion, están varias tendencias, a nivel global, como el rápido cambio tecnológico, la migración, el cambio climático y la incontrolable inflación, panorama este que incrementan la incertidumbre acerca de la capacidad de las instituciones actuales para aportar respuestas eficaces. La región ha tenido una ralentización de la actividad económica con una ligera recuperación, situación que es otro de los factores que explica el deterioro de la confianza de los ciudadanos; particularmente, en un contexto mundial de alta incertidumbre.

El panorama macroeconómico y macrosocial de la región ha tocado fondo desde la pandemia global a los niveles inflacionarios predominantes a escala planetaria. Pues las repercusiones de esta han tenido como respuesta el desplazamiento de los gobernantes de turnos como es el caso de Brasil que completa la total barrida del grupo de lima en la dirección del manejo de las cosas públicas.