Santo Domingo. – A partir de este miércoles entra oficialmente en vigencia la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, una normativa que introduce cambios estructurales al sistema de compras del Estado dominicano, con énfasis en la transparencia, el fortalecimiento de las mipymes
(Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y el combate a la corrupción.
La ley comienza a aplicarse tras cumplirse el plazo de 180 días desde su promulgación por el presidente Luis Abinader el 28 de julio del año pasado, marcando un antes y un después en la forma en que las instituciones públicas gestionan sus procesos de adquisición de bienes, servicios y obras.
Con motivo de su entrada en vigor, el presidente Abinader encabezará este miércoles un acto oficial en el Palacio Nacional, donde firmará el decreto que aprueba el Reglamento de Aplicación General de la ley, instrumento clave que traduce los principios del nuevo marco legal en procedimientos concretos, definiendo estándares, plazos y responsabilidades para los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que la implementación de la normativa será gradual y estará acompañada de un proceso de capacitación y asistencia técnica a las unidades de compras de las instituciones públicas, a fin de garantizar una transición ordenada y efectiva.
“El despliegue gradual asegura que cada etapa cuente con el respaldo reglamentario necesario, brindando certeza y pasos claros para todos los actores del sistema”, afirmó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Principales novedades
Con su entrada en vigencia, la Ley 47-25 introduce transformaciones significativas al régimen de compras públicas. Entre los cambios más relevantes se destaca el fortalecimiento de la participación de las mipymes y de las mipymes lideradas por mujeres, al elevar del 20 % al 30 % la reserva del presupuesto de compras del Estado destinada a estos sectores.
La normativa también endurece el régimen de consecuencias para prevenir y sancionar actos de corrupción, incorpora nuevas modalidades de contratación y establece el uso obligatorio del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), con el objetivo de garantizar mayor trazabilidad, control y acceso a la información.
Asimismo, la ley integra criterios medioambientales y de sostenibilidad en los procesos de adquisición pública, alineando las compras del Estado con prácticas responsables y estándares modernos de gestión.
La DGCP anunció que este jueves emitirá una resolución que orientará los próximos pasos institucionales para asegurar la correcta implementación de la Ley 47-25 en todas las entidades sujetas a su ámbito de aplicación.
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Katherine Espino
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en...
