Santo Domingo.-Mientras la Dirección General de Migración (DGM) y el Instituto Duartiano calificaron de “histórica” y de “muy correcta”, respectivamente, la decisión del Tribunal Constitucional en torno a quiénes son o no dominicanos, el Centro Bonó definió de “aberrante” la disposición.
“Esa sentencia toma el toro por los cuernos, mete el dedo en la llaga”, argumentó José Ricardo Taveras Blanco, titular de la DGM.
En tanto, la Junta Central Electoral manifestó que ese órgano implementará las recomendaciones de la sentencia.
Roberto Rosario, presidente de la JCE, dijo que van a cumplir con dicha sentencia, tal y como lo han hecho con otros casos. Explicó que desde que reciban la notificación convocarán al pleno para tomar las medidas necesarias.
En relación al fallo de que a Juliana Dequis Pierrre la JCE le restituya su acta en un plazo de 10 días, y que proceda a someter el documento al tribunal competente para que determine su validez o nulidad, Rosario dijo hará lo mismo con todos los casos análogos.
Regulación
Respeto al Plan Nacional de Regulación de Extranjeros, cuyo borrador está en estudio por el Consejo de Migración, Taveras Blanco dijo que la decisión es sabia, porque establece dos años para que quede resuelto de manera definitiva el drama de personas a través de este.
Ventajas de sentencia
Tras calificar la medida del TC de “muy correcta”, porque interpreta la Constitución vigente de República Dominicana en lo que respecta a la nacionalidad y las condiciones constititucionalmente exigidas para ser dominicano, Demóstenes Félix Paniagua, en su condición de miembro del Instituto Duartiano, citó parte de las ventajas que representa.
“Es decir, se necesitan los dos principios básicos: jus sanguinis, jus soli, que significa por sangre y territorio”, puntualizó.
Entre las ventajas, dijo que el país tendrá una mayor regulación del sistema migratorio; reducirá la delincuencia, como además tendrá más control sanitario y habrá mayor planificación, así como más cooperación bilateral.
Desnaturalización
Para el director del Centro Bonó, padre Mario Serrano, esa decisión es “absurda, insensata e injusta”, porque a su entender crea la figura de personas extranjeras en tránsito en un período que abarca 85 años, “para justificar la desnacionalización de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”.
“La aberrante sentencia 168-13 del TC legitima actos administrativos ilegales de la Junta Central, afectando de esta forma los derechos fundamentales de más de cuatro generaciones de hombres y mujeres que toda su vida han formado parte del pueblo dominicano”, dijo.
