Los acostumbrados paros de clases generan pérdidas.
SANTO DOMINGO.-Acción Empresarial por la Educación (Educa) rechazó de forma “tajante” la convocatoria a paro docente hecha por la Asociación Dominicana de Profesores, filial Santiago, en reclamo de designación de personal.
En cambio, la Federación de Padres de RD, que preside Juan Ávila amenazó con someterlos a la justicia a través de un recurso de amparo exigiendo que les descuenten las horas de clases perdidas durante la protesta pautada para los días 14 y 15 de este mes.
“Educa se opone tajantemente a la interrupción de las jornadas escolares por el motivo que sea, mucho más sí son huelgas y acciones sindicales que terminan perjudicando a los que menos tienen”, externó Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa.
Recordó que hay un compromiso firmado para el pacto de la reforma educativa, que es de carácter irrenunciable de no interrumpir la docencia y porque además, hay un convenio entre la ADP y el Ministerio de Educación, de menos de un año, teniendo por testigo al presidente de la República y el defensor del pueblo, más allá o no de la pertinencia que el sindicato pueda tener.
Caraballo exhortó que las medidas que puedan tener no perjudiquen a los estudiantes porque traen un perjuicio para las familias más vulnerables de la sociedad dominicana.
Agregó que la ADP tiene que ser creativa e imaginar métodos de luchas más creativas no vulnerando el derecho de los estudiantes, buscando elementos en horarios de fines de semana o fuera de los días escolares con delegados que no tengan clases o la comunidad sin reducir las horas de clases.
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) sometió una acción de amparo contra el gremio magisterial en Santiago, por el paro de docencia convocado en los centros educativos de esa provincia.
Alegó que la convocatoria a huelga viola los acuerdos a los que arribó ese gremio y el Gobierno.
ADP garantizó clases
— Compromiso
ADP garantizó el cumplimiento del calendario y el horario escolar de manera efectiva en todos los centros educativos públicos del país, evitando toda acción que atente contra el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
