La sociedad contemporánea es temerosa del funcionamiento del Código Penal dominicano en el ejercicio del fenómeno de la criminalidad o de las actividades económicas y sociales que representan conductas lesivas de los intereses del Estado y de la colectividad. En sentido positivo, contemplar el “temor” conduce a la precaución legítima de la población, no de memorizar el Código Penal, sino de conocer las normas básicas, sus derechos y dónde buscar orientación legal cuando la necesite.
Existe una historia interesante de la enseñanza del derecho penal. El Código Penal es importante para todos, y debe ser expresada con cuidado porque, aunque define qué conductas son delitos y establece las penas aplicables, no necesariamente este va a aumentar la población carcelaria, o va a incrementar la criminalidad estricta (libre), ya que esta relación es compleja, nunca automática. Los factores formales que relacionan la “severidad penal” deberá considerar no solamente el contenido del código, sino también la aplicación del sistema de justicia penal, como la aplicación de la ley, que está causando una elevada prisión preventiva, por las malas decisiones judiciales, por la falta de una política criminal, y los niveles de criminalidad, que es donde se refleja el concepto del Código Penal.
Corresponde a los actores del sistema de justicia penal de la nación enseñar a la población a conocer este nuevo Código Penal, especialmente sus derechos, obligaciones y las consecuencias de determinadas conductas. Así, por el lado, el profano percibirá que con charlas y talleres en escuelas y comunidades o campañas educativas en redes sociales y medios de comunicación se daría cumplimiento a este objetivo complementario de la ley penal; pero por el otro, la cuestión es muy diferente, y más compleja.
Mencionar a un Eugenio Raúl Zaffaroni, quien ha estudiado ampliamente el derecho penal y ha destacado la importancia de comprender el sistema penal, sus límites y su función social. Él sostiene, desde su perspectiva de penalista, que el conocimiento de las normas y de los límites del poder punitivo sirven para comprender cómo funciona el sistema penal y proteger los derechos de las personas.
Enseñar estos principios básicos del Código Penal puede contribuir a fortalecer la cultura jurídica y la prevención de conductas delictivas; igualmente está el aporte del ilustre Enrique Bacigalupo (Argentina), quien realizó importantes aportes al estudio de los principios del derecho penal, especialmente en relación con el principio de legalidad, la responsabilidad penal y los límites del poder punitivo del Estado.
Sus planteamientos permiten comprender que el conocimiento de la ley penal debe estar acompañado del conocimiento de los derechos y garantías que protegen a las personas. Y, citamos al profesor colombiano, Edgar Saavedra Rojas, quien se ocupó de la enseñanza de un código penal utilizando métodos que permiten relacionar los conocimientos jurídicos con situaciones concretas, propiciando una “cultura de legalidad” y la prevención de conductas delictivas.
Como todos saben, existió una iniciativa aprobada por el Instituto de Ciencias Penales de Chile, en 1962, impulsado por su presidente, Eduardo Novoa Monreal, cuya primera reunión de la Comisión Redactora, realizada en Santiago de Chile (1963), fue el proyecto de ´Código Penal Tipo para Latinoamérica´. Sus objetivos fueron fundamentales para establecer un modelo común de legislación penal armonizado, la modernización de la legislación penal.
