Una democracia funcional, efectiva, no elimina los conflictos. Pero provee una cultura, unos procedimientos y criterios para la solución o transferencia de los factores en pugna hacia dimensiones o escenarios en los cuales pueden realizarse transacciones entre los grupos o intereses sociales involucrados.
La administración pública tiene la misión de generar y garantizar las prácticas y relaciones transaccionales en un marco de garantías.
La conflictividad de una sociedad puede deberse a factores estructurales, como sucede en la sociedad dominicana, que es atravesada por relaciones y tensiones resultantes de las dificultades que genera el modelo de desarrollo.
Una gran parte de nuestra población no tiene acceso al bienestar, lo que es fuente de conflictos de diversa intensidad.
Sin embargo, en las últimas décadas y sobre todo en la actual administración gubernamental, la capacidad de la sociedad y el Estado para generar escenarios de transacciones entre intereses sociales en contraposición, se ha incrementado, en la medida en que el propio Estado ha avanzado al incorporar la validación social y la búsqueda de consenso en diversos mecanismos y formas.
También en la sociedad, por lo menos en franjas caracterizadas por mayores niveles de formación, capacidades y condiciones materiales, ha surgido una vocación por la incidencia en las decisiones que atañen a lo público.
La activación de movimientos sociales, de redes de apelaciones y reclamos transversales han provocado que el Estado convierta en política pública parte de lo que interesa a esos sectores, ampliando los marcos de garantías.
Incidir con propuestas, participar en procesos de decisión, dar seguimiento, ejercer veeduría son mecanismos que han demostrado su eficacia y que sin dudas mejoran nuestra democracia.
Debemos seguir utilizando y potenciando estas herramientas.
