Claudio Caamaño Vélez
En República Dominicana se han establecido normativas para incentivar el uso de energías renovables, en especial la fotovoltaica, exonerando de impuestos su importación y venta.
También se ha dispuesto que las empresas y personas puedan descontar de sus impuestos sobre la renta un porcentaje de la inversión.
Esto por un lado es una importante motivación, que busca reducir las emisiones de dióxido de carbono, y sobre todo nuestra dependencia de los hidrocarburos. Es sin duda una política acertada.
Pero, por otro lado, la práctica contradice por mucho los esfuerzos destinados al fomento.
En las empresas de distribución eléctrica (EDE), entiéndase Edenorte, Edesur y Edeeste, existen trabas sistemáticas que dificultan el avance de las energías renovables en hogares y negocios.
Desde la dificultad para conseguir un contador bidireccional, hasta cobros fijos por potencia instalada, entre otros.
Las EDE temen perder clientes… Caramba, cuando quieren piensan como empresas privadas, pero cuando el Gobierno debe inyectarle miles de millones por sus constantes déficits, entonces piensan como entidades públicas.
Las EDE deben tener claro que son instituciones del Estado dominicano, cuya función es servir a los intereses del pueblo, y dejar de hacerles el juego a los emporios de generación eléctrica.
Sería oportuno que el Ministerio de Energía y Minas y las Superintendencia de Electricidad fiscalicen la práctica que están llevando a cabo las EDE, para que no estemos tocando violín por un lado y guitarra por otro.
