Procompetencia
Santo Domingo.- La Contraloría General de la República en su auditoría realizada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA), detectó la entrega por un monto de RD$5,280,000.00, por concepto de combustible a personas que no están autorizados por las normas vigentes para recibir este beneficio, entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021.
«La condición evidenciada de entrega de combustible a colaboradores que no ostenten cargos de alto nivel es contraria a lo establecido en la Ley No. 105-13 sobre regulación salarial del estado; la Ley No. 41-08 de Función Pública y la NOBACI ADC-3-003.36, emitida por La Contraloría General de la República», de acuerdo al informe.
También se detectó el Incumplimiento en la Supervisión del Fondo de Caja Chica.
El documento mostró PROCOMPETENCIA tiene un fondo de caja chica por RD$5,218.00, del cual no realiza oportunamente los arqueos; se evidencian seis (6) arqueos durante el período evaluado, en violación a lo establecido en el apartado VI. 6, Numeral 1 de la Norma DG-AD-01-08.
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Otras de las irregularidades
Incumplimiento por asignación irregular para Gastos de Representación.
Se evidenció la entrega de un monto ascendente a RD$3, 116,668.18, por concepto de asignación fija para gastos de representación. En violación a lo establecido en la Ley 105.
Inobservancia de la Ley por omisión en la publicación de las nóminas de la institución.
La institución, al publicar la nómina de los militares en el portal de trasparencia, omite los nombres y cédulas de los colaboradores, en violación a lo establecido en la Ley.
Expedientes de empleados incompletos.
El 40% de los expedientes Físicos de los colaboradores de Procompetencia se encuentran en estatus incompleto, en violación a lo establecido por la NOBACI: ADC-3-006.25 y la Ley 41-08 de Función Pública.
Estas y otras 16 auditorías fueron publicadas en la Contraloría General de la República.
El presidente de la República, Luis Abinader, había ordenado la realización de dichas auditorías en todos los ministerios y direcciones generales del Gobierno con el propósito de lograr la eficiencia y transparencia en el sector público. Asimismo, que el informe sea de dominio público.
