Santo Domingo.–Existen terrenos de Bahía de las Águilas que fueron expropiados sobre la base de algunas cartas de pésame, sin ningún poder legal, que reposan en los archivos del Instituto Agrario Dominicano y en Bienes Nacionales.
Laura Acosta, una de los abogados que representa al Estado dominicano, explicó este aspecto dentro de sus argumentaciones, previo a presentar sus conclusiones sobre la demanda en nulidad de los títulos de propiedad de los terrenos de Bahía de las Águilas.
La abogada narró que el fraude fue descubierto en los archivos del IAD y BN y que data de 1990, cuando se emitieron oficios.
Estos, prosigue la jurista, estableciendo la propiedad de algunas porciones de terrenos que hoy son reclamados sobre la base de oficios del IAD que ordenaban su transferencia, aun cuando el título de la parcela no se encontraba a nombre de esta entidad.
“El oficio 7753 corresponde a un oficio dirigido a Joaquín Balaguer, expresidente de la República, dándole el pésame con motivo a la muerte de su cuñado Mario Vallejo, es decir, que el título de propiedad que pretenden hacer reconocer se sustenta la transferencia en ese oficio, que no es más que un pésame, así ocurre también con los demás”, explicó Acosta.
Relató que esa práctica siguió y se mantuvo desde 1990 hasta 1995.
Otro punto que señaló fue que algunos adquirientes, tras destaparse el escándalo en 1997, decidieron devolver voluntariamente los terrenos.
En la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional había dos reclamantes que fueron señalados por Acosta.
“Aquí en la sala están Puro Pichardo Fernández y Miguel Nelson Fernández, que junto a otros imputados fueron descargados porque, entre otras cosas, devolvieron voluntariamente los terrenos adquiridos, cuyos títulos reposan en el expediente”, dijo.
Agregó que el entonces director del IAD Jaime Rodríguez quiso beneficiar a los campesinos para sembrar guasábara y cambrón, y que criaran iguanas en esas playas.
Concluidas sus argumentaciones el magistrado Fermin Casilla Minaya presentó las conclusiones en nombre del Estado.
Solo seis abogados de los adquirientes, de más de 50, pudieron presentar sus conclusiones.
Rufino Oliver Yan, representante de Josep Bulgat adquiriente de buena fe, al dar sus conclusiones precisó que cuando los extranjeros realizan inversiones en el país y se encuentran con esa situación, los recursos económicos se encuentran en un abismo, debido a que el Estado está brindando una inseguridad jurídica a través de esas situaciones.
Envían abogado a juicio disciplinario
Luego que el abogado Valerio Fabián Romero, en representación del adquiriente Puro Pichardo, presentara su conclusión, intentó dar explicaciones por otros afectados sin haber agotado el debido proceso.
Ante esa acción, la Magistrada le dijo que él había violado el Código de Ética Profesional del Derecho, que establece en los articulos uno y dos que al inicio del proceso todo abogado que representa un ciudadano debe dar sus calidades, es decir, sus credenciales y a quien representa.
