En la imagen, el informático sueco y amigo de Julian Assange Ola Bini. EFE/Elias L. Benarroch/Archivo
Quito.- Una jueza de Ecuador llamó este martes a juicio por delito de «acceso informático no consentido» al informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks Julian Assange, en un polémico proceso en el que la defensa del imputado denuncia un «fraude procesal».
La jueza Yadira Proaño, tras una audiencia que había sido aplazada en al menos cinco ocasiones anteriores, llamó a juicio a Bini como «presunto autor del delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones», informó la Fiscalía en un comunicado.
Bini, de 38 años y que niega los cargos en su contra, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que Ecuador pusiera fin al asilo en su embajada en Londres del fundador de WikiLeaks.
Según la Fiscalía, Bini habría accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
MAS DE SESENTA ELEMENTOS CONTRA INFORMATICO SUECO
Entre los más de sesenta elementos de convicción que la Fiscalía argumenta para procesarlo, figuran unos informes periciales de informática forense y la información obtenida de Estados Unidos a través de una Asistencia Penal Internacional, mediante la cual se extrajeron archivos de un dispositivo electrónico del imputado.
Asimismo, la Fiscalía ha presentado oficios de la Cancillería ecuatoriana, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico y de otras entidades públicas y privadas.
De acuerdo a la Fiscalía ecuatoriana, el delito por el que está encausado el ciudadano sueco se sanciona con entre tres y cinco años de prisión.
Bini, en un principio, fue acusado de un delito grave de piratería informática, ataque a la integridad de sistemas informáticos del Estado, pero con el tiempo la Fiscalía redujo la gravedad a «acceso no consentido».
Su caso debió haber sido procesado en 2019, pero fue pospuesto en varias ocasiones por diferentes motivos, incluido los generados por la pandemia del coronavirus.
