El Ministerio Público pide prisión contra el grupo implicado en la Operación Coral.
SANTO DOMINGO.-Varias de las empresas mencionadas en el supuesto entramado de corrupción sacado a la luz con la Operación Coral, cuya propiedad es atribuida al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y administradas por la pastora Rossy Guzmán Sánchez, eran proveedoras del Estado.
Así lo establece un informe de la Dirección General de Contrataciones Públicas contenido en el documento en el que el Ministerio Público solicita la medida de coerción.
Indica que en esa situación está la empresa CSNA Universo Empresarial, la cual engloba a la Asociación Campesina Madre Tierra y Único Real State e Inversiones.
El Ministerio Público posee un total de 352 pruebas documentales, testimoniales y periciales contra los implicados en la supuesta organización criminal que dirigía el mayor general Cáceres Silvestre.
Valor de las pruebas
Entre las pruebas está el informe de la Tesorería de la Seguridad Social, con el que espera demostrar que los imputados, el sindicado como “cerebro financiero” de la organización criminal, coronel Rafael Núñez de Aza, y el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, percibían varios salarios por funciones en distintos lugares al mismo tiempo al amparo de su vínculo con Cáceres Silvestre.
El coronel Núñez de Aza fue gerente financiero en el Cuerpo Especializado de la Seguridad Turística (CESTUR) y ocupaba cargos en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). Mientras que el mayor de la Policía Raúl Alejandro Girón Jiménez laboró como director de Tecnología y Comunicaciones en CESTUR y programador de Nóminas en CUSEP, al mismo tiempo.
También las autoridades tienen como prueba un informe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) de fecha 06 de abril de 2021, para demostrar que los imputados, el coronel como gerente financiero y el mayor programador de nómina, fueron claves para cometer irregularidades en ese organismo.
En el expediente se establece que por los cargos que ocupaban el coronel Núñez de Aza y el mayor Girón Jiménez bajo la dirección de Cáceres Silvestre, policías y militares fueron colocados en CESTUR y CUSEP, cobrando en promedio entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, pero recibían un por ciento de los ingresos a cambio de dádivas de bajos montos.
Coerción
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del D. N. Kenya Romero conocerá hoy la medida de coerción al mayor general Cáceres Silvestre y compartes.
El Ministerio Público pide prisión preventiva para Cáceres Silvestre, para el coronel Núñez de Aza, la pastora Guzmán Sánchez, al mayor Girón Jiménez, entre otros, y que se declare el caso complejo.
Pequisas
—1— Imputación
Acusan al grupo de asociación de malhechores, lavado de activos entre otros delitos.
—2— Diligencias
La directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso dijo amplían investigación del caso.
—3— Encartados
En cárcel Palacio a espera de coerción.
