Empresarios demandan reformas que impulsen el desarrollo sin castigar a las mipymes ni a los consumidores
- Sectores productivos respaldan las reformas económicas, reclamando mayor equidad tributaria y reglas claras para el crecimiento
Santo Domingo.- La posibilidad de una nueva ola de reformas económicas para fortalecer la competitividad y modernizar el país encuentra respaldo en el sector empresarial, aunque advierten que los cambios no deben recaer sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) ni sobre los consumidores.
Este gremio coincidió en que el país necesita ajustes que permitan enfrentar los desafíos económicos actuales, fortalecer la inversión y mejorar la capacidad recaudatoria del Estado.
Sin embargo, sostiene que estas transformaciones deben estar sustentadas en criterios de equidad, transparencia y competitividad.
Comerciantes rechazan cambios al ITBIS por su impacto en el costo de vida
El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, rechazó cualquier medida que implique modificar el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), al considerar que tendría un efecto directo sobre el costo de vida de la población.
Mipymes piden una reforma tributaria más equitativa
Informó que una reforma fiscal debe priorizar la protección de los consumidores y de las mipymes, un sector que, según recordó, representa la inmensa mayoría del tejido empresarial dominicano, pero que frecuentemente termina asumiendo una parte importante de los costos derivados de los cambios regulatorios y tributarios.
“Esperamos que quienes más ingresos generan sean quienes más contribuyan”, expresó García, al tiempo que abogó por una estructura tributaria más equitativa que evite trasladar nuevas cargas a los hogares dominicanos.
El empresario también planteó la necesidad de revisar exenciones y privilegios fiscales que, a su entender, distorsionan la competencia y reducen la capacidad de recaudación del Estado. Asimismo, reclamó una fiscalización más rigurosa de negocios que operan al margen de las mismas obligaciones que enfrentan las empresas formales.
Presión de costos y preocupación por los combustibles
García aprovechó para alertar sobre el impacto que han tenido los incrementos acumulados de los combustibles sobre las actividades comerciales y de transporte durante este año.
Resaltó que gran parte de esos aumentos no ha sido transferida a los consumidores finales, ya que los comerciantes han absorbido una porción significativa de los costos para evitar alzas en productos esenciales de la canasta básica.
En ese contexto, advirtió que nuevas cargas fiscales podrían agravar la situación de miles de negocios que ya enfrentan mayores costos operativos y obligaciones regulatorias.
También expresó preocupación por la aplicación de la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que su implementación representa una carga adicional para muchas empresas, especialmente las de menor tamaño.
Pese a estas reservas, García reconoció que el país requiere mayores ingresos para sostener las inversiones públicas y continuar desarrollando infraestructura. No obstante, insistió en que cualquier reforma debe responder a una visión integral de desarrollo económico y no limitarse únicamente a cubrir déficits presupuestarios.
UNE plantea fortalecer la competencia con seguridad jurídica
Desde una perspectiva institucional, el presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Julio García Batista, defendió la necesidad de actualizar el marco regulatorio de la competencia económica, siempre que se preserve la seguridad jurídica y la capacidad de crecimiento del sector privado.
Durante una actividad organizada junto a ProCompetencia, el dirigente propuso la apertura de una agenda permanente de trabajo entre el órgano regulador, el Congreso Nacional y los gremios empresariales para construir mecanismos preventivos y programas de capacitación que faciliten el cumplimiento de las normativas.
La UNE considera que cualquier modificación a la legislación sobre competencia debe garantizar que las empresas conozcan claramente sus obligaciones y cuenten con períodos razonables para adaptarse a las nuevas disposiciones.
Entre los principales planteamientos del gremio figura la necesidad de que las decisiones regulatorias estén sustentadas en criterios técnicos, objetivos y transparentes; que se preserve la confidencialidad de la información empresarial durante investigaciones de mercado; y que los sectores productivos sean escuchados antes de aprobar leyes que impacten directamente la actividad económica.
De acuerdo con García Batista, la construcción de políticas públicas efectivas requiere incorporar la visión de quienes generan empleos, realizan inversiones y sostienen buena parte de la actividad productiva nacional.
ProCompetencia destaca oportunidades para las mipymes
La presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez Taveras, sostuvo que las medidas económicas que prepara el Gobierno buscan responder al complejo entorno internacional y fortalecer las condiciones para que la economía dominicana mantenga su ritmo de crecimiento.
Aunque evitó adelantar detalles específicos antes de la presentación oficial de las iniciativas, indicó que las propuestas conocidas hasta el momento apuntan a crear un entorno más competitivo para las pequeñas y medianas empresas.
Destacó que uno de los objetivos centrales es promover una mayor igualdad de condiciones en los mercados, permitiendo que las mipymes puedan competir de manera más efectiva frente a empresas con mayor capacidad financiera y operativa.
Asimismo, señaló que las acciones contempladas estarían orientadas a fortalecer la inversión, la seguridad jurídica y la confianza de los agentes económicos, elementos considerados fundamentales para sostener el crecimiento económico en el mediano y largo plazo.
