Edilí Arias 
El propietario de la empresa Smart Display, Ulises Francisco Ramírez, detalló cómo operaba el entramado mafioso.
Santo Domingo.- El empresario Ulises Francisco Ramírez, dueño de la Smart Display, aseguró haber entregado audios y videos al Ministerio Público de las extorsiones que tuvo que pagar en el parqueo de la Procuraduría General de la República.
Ramírez dijo que fue víctima una vez que ganó la licitación por 122 millones de pesos, monto tildado de «muy bajo» por lo que se le requirió subirlo a casi 174 millones por la compra de unas 6,500 camas de acero carbónico para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario
“Cuando me dan el avance no me quitaron nada porque tenía que trabajar; además había un presión muy grade de Jean Alain querían inaugurar a todo vapor”, explicó el empresario al ser entrevistado en programa Somos Pueblo.
Narró que al momento de realizar el segundo pago inició el camino de la extorción, “cuando viene el segundo pago me llaman a una reunión y me dicen que hay que dar la parte que se había acordado que eran 25 millones de pesos, que era lo que yo entendía por qué fue lo se aumentó en la propuesta; pero me dice que son 33 millones de pesos”.
El empresario dice que les reclamó por la cantidad que consideró excesiva y que la respuesta que le dieron era que “de arriba le estaban presionando con eso”, dijo que cuando le dicen de arriba se referían a Rafael Canó, exjefe de Gabinete de la Procuraduría General de la República, al que también llamaban el número dos y que se encuentra en España a la espera de ser extraditado al país.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez cumple prisión de 18 meses por caso Medusa.
Apuntó que las conversaciones del dinero siempre las tuvo con el departamento de compras de la Procuraduría, que siempre hablaban a nombre del número dos (Rafael Canó), y Jean Alain Rodríguez, exprocurador de la República.
Definió lo ocurrido en la Procuraduría General de la República como una “pulpería”.
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Explicó que en ese momento había un gran afán por parte de los ingenieros y arquitectos para inaugurar la obra de la Nueva Victoria por parte del entonces presidente de la República Danilo Medina.
“Había una gran afán de que Danilo inaugurará las cárceles por parte de los ingenieros y arquitectos como si los presos fueran a votar por ellos”, enfatizó Ramírez.
Adicional a la presión para los pagos se sumaba la que ejercía la ingeniera Jenny Marte, exencargada de Proyectos de la Procuraduría General de la República, explicó que ejecutaba una autoridad “abusiva y desconsiderado” con los suplidores y les retenía los pagos.
Rafael Stefano Canó fue apresado en España.
“Esa señora quería que instaláramos las camas en pisos llenos de agua y sin escaleras, querían depositara las camas, que les callera un aguacero era una locura”.
Ulises Ramírez explicó que se encuentra colaborando con la Procuraduría General de la República en el Caso Medusa y que su empresa pagó entre 35 y 40 millones de pesos en las extorsiones.
Operación Medusa
El Ministerio Público presentó este lunes una acusación formal contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, en prisión desde hace un año por su presunta implicación en un entramado de corrupción que supuestamente se produjo mientras él dirigía ese organismo.
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En el expediente de la llamada “Operación Medusa” figuran 41 personas y 22 empresas, e incluye a más de 400 testigos, dijo a la prensa el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
La supuesta red de corrupción manejó más de 1,000 millones de pesos en sobornos, según la acusación.
“Hemos depositado una acusación que no tiene precedente en la República Dominicana y les puedo asegurar que posiblemente no tiene precedente en toda la región”, aseguró Camacho.
Se trata, agregó, “de nuestra acusación más grande”, que tiene un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, por cometer crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
