Luis Holguín, Arismendi Díaz y Rafael Pepe Abreu ofrecieron declaraciones a EL DÍA sobre la situación de las pensiones.
SANTO DOMINGO.-Trampas legales y una reglamentación formulada a conveniencia es lo que, a juicio de perjudicados y sindicalistas laborales, ha propiciado que miles de trabajadores del sector público sean impedidos de obtener una pensión “mínimamente digna”.
El coordinador general del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos, Luis Holguín Veras, catalogó de arbitrariedad la decisión de fijar en 45 años la edad mínima para poder optar por una pensión del Estado sobre la base del 60 % del salario de los últimos tres años, pues todo el que entró al sistema con 31 años no podrá acumular las 360 cotizaciones requeridas al cumplir los 60 años de edad.
“Es cierto que algunos pueden pagar cuotas adicionales y alcanzar el derecho, pero está el inconveniente de que el sistema actual de capitalización individual, el máximo que ofrecerá de pensión no pasa del 30 % del salario con el que se cotizó. Eso es grave”, dijo Holguín.
Aseguró que al excluirse a los que trabajaron en el Estado antes de la aprobación de la Ley 87-01 y que tenían el amparo de la anterior ley de pensiones, los obligaron a quedarse con las AFP y como no tienen las cotizaciones requeridas, lo que les ofrecen será una pensión mínima.
Traslados automáticos
Uno de los reclamos de los pensionados es que la mayoría fueron trasladados del sistema de reparto al de capitalización individual sin ser consultados o mediante subterfugios.
“Al parecer hubo trampas y engaños a miles de afiliados que tomaron decisiones sin medir las consecuencias.
Pero esas denuncias nunca fueron investigadas. Para hacer la transferencia había que llenar un formulario con la firma, de modo que era posible determinar su autenticidad”, explicó a EL DÍA Arismendi Díaz, quien fuera el primer presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social.
Indicó que las principales ARS y AFP recogieron cientos de miles de firmas en formularios, incluso a personas que no trabajaban y luego las registraron en la TSS, por lo que cuando esas personas consiguieron un trabajo cayeron automáticamente en esas ARS y AFP, porque ya estaban registradas en la base de datos de UNIPAGO.
“Eso posiblemente fue lo que pasó, que muchos quisieron pasarse de listos y fueron víctimas de su propia mala fe. Otros en realidad hicieron el cambio, y ahora alegan que fueron engañados al ver que las pensiones por reparto serán mayores”.
Holguín lo ve diferente, entiende que lo que sí hubo fue un proceso de desorientación, desinformación y traspasos automáticos. “El mismo CNSS y la Superintendencia de Pensiones lo reconocen, por lo que ese proceso no cumple con lo que manda la Constitución sobre el respeto del debido proceso”.
Compás de espera
Los agrupados anunciaron que han dado un plazo hasta que termine el mes de enero para que se les reconozca el derecho y se cree un mecanismo que permita que les sea entregada una pensión acorde al sistema de reparto.
Derecho adquirido
— Irrenunciabilidad
El numeral seis de la Ley de Función Pública 41-08, establece que “los derechos y prerrogativas que la presente ley reconoce a los servidores públicos son irrenunciables”, de ahí se busca sustentar el reclamo por el traspaso.
En sector privado hubo traspasos automáticos
Lo opuesto. Una condición similar, pero en sentido contrario, ocurrió a decenas de empleados privados. Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, afirmó que muchos que no completaban las cotizaciones requeridas para su jubilación fueron traspasados sin previo aviso del sistema de capitalización individual al de reparto y que en su caso, la pensión propuesta ronda los diez mil pesos mensuales.
“Estamos hablando de técnicos calificados”. Dice que por igual algunos fueron engañados al firmar.
