Mayormente, desde los países del sur al norte, alrededor de 250 millones de personas han dejado su tierra natal para establecerse en nuevos destinos.
Un fenómeno a escala mundial que aporta, entre otros, mano de obra barata, dinamismo económico, transferencia de conocimientos y un tráfico monetario internacional de grandes proporciones.
Lejos de ser visto como la “exportación de la pobreza” o “cargar los problemas de un país al otro”, se ha establecido la relación entre migraciones y desarrollo como un tema de la agenda global para análisis y seguimiento sistemáticos de organismos multilaterales. Asimismo, es una cuestión de alto interés para muchos gobiernos.
Frente a esos movimientos transnacionales el gran desafío es lograr una gobernabilidad migratoria que sea de provecho para todas las partes, de tal suerte que responda a las realidades regionales y nacionales como también de las necesidades de los países de origen y los de destino.
En ese marco, los países en desarrollo han recibido en remesas para el año 2013, US$ 404 mil millones. México encabeza la lista de los grandes receptores para América Latina con US$22 mil millones.
En lo socio económico hay factores de expulsión de la población desposeída mexicana combinados con factores de atracción de la sociedad estadounidense que han dado como resultado a lo largo del tiempo el establecimiento del grupo de indocumentados o irregulares más numeroso en Norteamérica. El mismo está cifrado a unos 13 millones.
El gobierno mexicano no promueve formalmente la emigración. Pero no descansa en sus acciones diplomáticas a nivel bilateral con los Estados Unidos como a nivel regional, buscando el apoyo de nuestros países para lograr la aprobación de la reforma migratoria que permita el establecimiento legal de sus ciudadanos para fines del mejor aprovechamiento de su presencia en el territorio vecino.
Para ello, paralelamente a la Cancillería y su red de consulados en los Estados Unidos, México cuenta con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), cuya misión es “elevar el nivel de vida de las comunidades en el exterior”.
En el fondo es la plataforma de estructuración y de apoyo a la emigración mexicana para adecuarla a los intereses nacionales.
Haití y la República Dominicana tienen la misma línea, respectivamente, con la creación del Ministerio de los Haitianos viviendo en el extranjero (MHAVE) en 1994 y el Consejo Nacional de los dominicanos en el exterior (CONDEX) en 2008.
No está demás decir que los tres mandatarios dominicanos desde 1996, en sus intercambios con sus compatriotas en el exterior los han exhortado a buscar la ciudadanía de los países de destino.
De esto se destaca un doble propósito: reforzar su influencia política en su país de adopción e incentivar la emigración dominicana legal a través de la reunificación familiar.
El caso filipino es el más emblemático. Para enfrentar, entre otros problemas, el demográfico y el desempleo, el archipiélago de las Filipinas desde 1974 organiza la emigración laboral a través de la oficina del empleo en el extranjero, convirtiéndose así en el primer exportador mundial de mano de obra.
Con alrededor de 8 millones de trabajadores colocados en el mercado laboral internacional las remesas alcanzaron 26 mil millones de dólares para el año pasado.
Vale la pena recordar que a una escala mucho menor, a través del “Acuerdo de regulación migratoria” firmado con España en 2001, los gobiernos dominicanos han contribuido a que más de 2000 nacionales hayan salido del desempleo o mejoren sus niveles de vida con puestos de trabajo más remunerados que en su país.
Lo planteado por el amigo Frantz Duval, uno de los editorialistas de Le Nouvelliste respecto a la emigración haitiana global estimada ya a más de 2 millones en más de 25 países del mundo (sin contar a los descendientes), ciertamente es muy controversial. Pero no es nada nuevo. Y como diría un buen dominicano…no es para tanto.
