Según las estadísticas de la organización de las Naciones Unidas Latinoamérica se ha convertido en la región más violenta del planeta en los últimos tiempos.
El auge del tráfico de armas, drogas y personas, la multiplicación de las operaciones de lavado de dinero , la corrupción y la cooptación de vastos sectores de la vida política y económica latinoamericana por parte del crimen organizado tienen enormes repercusiones negativas en la vida de los ciudadanos.
Todo lo anterior es una amenaza al sistema democrático de los países latinoamericanos y caribeños y a la vez constituyen uno de los principales frenos al desarrollo de la región con consecuencias de grandes dimensiones para los ciudadanos y ciudadanas.
Paradójicamente, los únicos que han el carácter regional del mundo en que vivimos y estructurado sus organizaciones de acuerdo a esa realidad son los delincuentes transnacionales.
La realidad es que existen redes de protección internacionales que esconden a prófugos de la justicia, sistemas globales de cooperación entre bandas criminales, basadas en intercambio mundializado de información y armas, mafias interconectadas a nivel regional y global, por señalar algunas de las estrategias que erosionan la efectividad de los sistemas nacionales de persecución del crimen organizado.
En Latinoamérica, la criminalidad organizada ha desbordado a los países y alcanzado una escala regional. En ese orden los problemas regionales requieren soluciones regionales que favorezcan la efectividad de las políticas públicas, aseguren la protección de la ley y garanticen la preservación de la vida y de los derechos humanos; así como la vigencia del estado de derecho.
