Awilda Cuello 
Elizabeth Silverio
SANTO DOMINGO.– «No voy a bajar la cabeza, no dañé a ninguno de esos niños, no les hice mal», así reaccionó Elizabeth Silverio tras ser condenada a siete años de prisión por usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).
Silverio aseguró que este caso involucra «un tema de poderes» y enfatizó que la gente debe entenderlo: «Creo que esto apenas está comenzando. De rodillas ante Dios y de pie ante los hombres».
El tribunal la sentenció, además, al pago de 2 millones de pesos como indemnización para cada una de las víctimas. Silverio deberá cumplir su condena en la cárcel de Najayo Mujeres.
El Ministerio Público había solicitado una pena de 10 años de prisión, junto con el pago de 50 salarios mínimos y las costas penales.
El Código Penal Dominicano, en su artículo 147, establece que “se castigará con la pena de tres a diez años de reclusión mayor a cualquiera que cometa falsedad en escritura auténtica o pública, o en las de comercio y de banco”. Según este artículo , se sancionan la imitación o alteración de escrituras o firmas, así como la inclusión de cláusulas o declaraciones falsas en documentos.
Según el expediente del Ministerio Público, Elizabeth Silverio engañó a los padres, haciéndoles creer que era una profesional de la salud. Utilizaba documentos falsos para ofrecer servicios psicoterapéuticos, realizar consultas, evaluaciones y emitir informes con recomendaciones, firmando y sellando con un exequátur que no le pertenecía.
El expediente también detalla que las acciones de Silverio causaron graves daños emocionales, psicológicos y psíquicos a varios menores de edad, particularmente aquellos con trastornos del espectro autista.
Las investigaciones revelaron que los títulos universitarios que Silverio exhibía eran falsos y que nunca cursó estudios en las universidades mencionadas. Asimismo, operaba bajo una identidad corporativa falsa y utilizaba sellos y exequátur fraudulentos para avalar sus servicios.
Durante los allanamientos realizados por el Ministerio Público en su residencia y en Kogland, SRL, se encontraron documentos falsificados.
Los padres de los niños afectados denunciaron haber sido estafados, pagando por servicios no autorizados ni validados por las autoridades competentes, lo que, en algunos casos, resultó en la pérdida del año escolar de sus hijos, generando un perjuicio económico para la familia.
