Luis Yépez Suncar, abogado.
El 9 de noviembre del año 2012 se promulgó la Ley No. 253-12, que aprobó diversos impuestos con el propósito de aumentar la capacidad recaudatoria del Estado, siendo uno de ellos el que gravó con un diez por ciento (10 %) los intereses generados por los ahorros de toda persona física residente o domiciliada en el país, los cuales debían ser retenidos por quienes tuvieran la obligación de pagarlos, con el fin de ingresarlos a la Administración Tributaria.
El referido impuesto fue concebido para ser aplicado de manera provisional, sin embargo, como suele suceder en nuestro país, se ha tornado en permanente y tiene ya nueve años afectando a más de dos millones de contribuyentes, lo cual implica para el fisco una recaudación promedio de RD$3,256.00 millones de pesos al año.
A nuestro modo de ver, este monto que percibe el Estado por tal concepto es la razón esencial por la cual no se ha cumplido con su eliminación, no obstante la provisionalidad del impuesto, sobre todo, porque es de difícil o imposible evasión.
Empero, las autoridades deberían tomar en consideración suprimir el mismo, el hecho cierto de que los más sacrificados con este tributo son los adultos mayores que tuvieron la disciplina de ahorrar durante toda su vida productiva con el objetivo de vivir dignamente de sus intereses, sin tener que representar una carga para sus hijos o su familia, en un país donde no existe una seguridad social que garantice un retiro decente y sin sobresaltos.
Además, las tasas de interés que las instituciones de intermediación financiera están pagando en los actuales momentos a los depositantes, se encuentran en sus niveles más bajos, aunque se espera que las mismas aumenten, fruto del incremento de la tasa de política monetaria en 150 puntos, realizada por el Banco Central en los meses de noviembre y diciembre del año pasado.
Con este impuesto se desincentiva el ahorro y consecuentemente se disminuye la inversión, la cual es fundamental para el desarrollo del país y el crecimiento de su economía.
Por todos estos motivos, el diputado Juan José Rojas, del Partido Revolucionario Moderno, interpretando correctamente el sentir de un importante y amplio segmento de ciudadanos afectados, introdujo un anteproyecto de ley que contempla la derogación del artículo 7 de la referida Ley No. 253-12, que es el que establece el lesivo gravamen del diez por ciento (10 %) a los intereses generados por los ahorros.
La iniciativa del diputado Rojas fue enviada a las comisiones de Hacienda y de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros de la Cámara de Diputados, para su estudio y ponderación.
Nuestros legisladores deben apoyar este proyecto convirtiéndolo en ley cuando sea conocido en ambos hemiciclos, y debe recibir el respaldo de todos los sectores sensatos del país, para que de una vez y por todas eliminemos el impuesto a los ahorros.
