Carlos Eduardo Tavárez Guerrero
A menos de un mes de ganar las elecciones de forma arrolladora el partido oficialista (PLD), y ahora anunciar desde la presidencia la eliminación del personal “contratado” constituye un abuso total a dicho respaldo, máxime cuando una de las propuestas de campaña fue la reducción del desempleo y la formalización de los oficios y negocios informales.
Un Estado Social como el nuestro no debiera tomar medidas de desmontar, congelar, y mucho menos centralizar los nuevos nombramientos de todo su personal. Esa disposición administrativa de la Presidencia no concuerda con la vida democrática que vive actualmente la Nación dominicana.
La Ley 41-08 de Función Pública, misma que regula las relaciones laborales del Estado establece que: “ Es funcionario o servidor público de estatuto simplificado quien resulte seleccionado para desempeñar tareas de servicios generales y oficios diversos, en actividades tales como: 1. Mantenimiento, conservación y servicio de edificios, equipos e instalaciones; vigilancia, custodia, portería y otros análogos; 2. Producción de bienes y prestación de servicios que no sean propiamente administrativos y, en general, todos los que impliquen el ejercicio de un oficio específico; 3. Las que no puedan ser incluidas en cargos o puestos de trabajo de función pública.
Por otra parte, la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de Ley 449-06, “tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado”, contrataciones que conllevan todo un procedimiento de acuerdo a la especificidad del servicio a contratar o consultoría.
Visto el ámbito de aplicación de ambas leyes en la que se ampara la decisión del Jefe del Estado y del Gobierno dominicano, considero que el ministro administrativo de la Presidencia no debe endosarse el control absoluto de cada “contrato”, para ello existen los controles internos y externos de cada institución.
¡Si hay necesidad de reducir el gasto público, esa medida no debe ser la primera, sino la última!
Pueden hacer contacto con el Lic. Carlos Eduardo Tavárez Guerrero, llamando al teléfono: 809-274-8020, o escribiendo a: consultealjurista@gmail.com
