Cuando la mayoría de la población sea parte de un mercado de trabajo formal, aun sea en medianas y pequeñas empresas, cotice al sistema de protección social, pague impuestos y, derivado del empoderamiento que produce la autonomía económica, se encuentre en ejercicio de derechos de ciudadanía, entonces, habremos dado un salto cualitativo enorme en términos de desarrollo humano y democratización.
El principal enemigo de la institucionalidad y la democratización es el imperio de la pobreza y una reproducción económica precaria; la vulnerabilidad extrema en que se encuentra más de la mitad de los dominicanos y dominicanas. La mejor política social es la promoción de empleo digno.
No es una afirmación propia sino una constatación que suscriben todas las entidades y organizaciones vinculadas a los temas del desarrollo.
Sin embargo, en tanto se produce la transformación del modelo y las estructuras económicas hacia una economía inclusiva, y como una forma de avanzar con mayor celeridad hacia ese status de la sociedad, el Estado debe procurar compensar las enormes disparidades de todo tipo que caracterizan nuestra sociedad.
La política pública, la administración de los intereses comunes de la sociedad dominicana, debe incluir la inversión social como un componente estratégico de primer orden para avanzar hacia el desarrollo. Y esto implica un saneamiento de las prácticas con las que se administra lo público.
Cualquier discusión seria sobre nuestro futuro inmediato, más allá de consignas y posturas generales o poco fundamentadas, tiene que responder a las cuestiones acerca de cómo interrelacionaremos, en los próximos años la necesidad de avanzar hacia una economía más dinámica, competitiva e inclusiva con el hecho de que la inclusión no puede esperar y es prácticamente una condición para las metas económicas.
Y que todo eso debe financiarse y administrarse con pulcritud.
