Elecciones e inversión pública: el complemento perfecto para conquistar el poder

Ganar unas elecciones en la República Dominicana exige la convergencia de numerosos factores: una estrategia política bien estructurada, tácticas de campaña eficaces, un adecuado posicionamiento de los candidatos, encuestas independientes y creíbles, importantes recursos financieros provenientes del sector privado, compromisos con los distintos segmentos del electorado y la capacidad de responder a las aspiraciones de desarrollo e infraestructura de cada demarcación.

La capacidad de persuadir al electorado durante una campaña depende de múltiples variables. Entre ellas sobresalen la credibilidad de los candidatos, el liderazgo territorial de los dirigentes comunitarios, el prestigio acumulado por los partidos políticos, el historial de obras ejecutadas cuando han ejercido el poder y, en sentido contrario, el peso de las promesas incumplidas. En política, la memoria colectiva suele convertirse en un activo o en un pasivo electoral de gran importancia.

Existe, además, una demanda permanente de infraestructura pública que trasciende cualquier coyuntura política. La población reclama nuevas carreteras y el mantenimiento de las existentes, puentes, aeropuertos, puertos, sistemas eléctricos modernos, redes de telecomunicaciones, expansión del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, extensiones universitarias, transporte público masivo, hospitales, acueductos, sistemas de saneamiento y caminos vecinales que permitan sacar la producción agrícola hacia los mercados. Estas inversiones no solo elevan la calidad de vida de la población, sino que incrementan la competitividad y la productividad de la economía.

Buena parte de estas obras se financia mediante préstamos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), cuyos créditos suelen otorgarse a plazos largos y tasas relativamente bajas. Cuando estos recursos son utilizados con criterios técnicos y adecuados niveles de transparencia, contribuyen a ampliar la capacidad productiva del país, elevar el crecimiento potencial y mejorar la competitividad a largo plazo.

Sin embargo, conforme se aproxima un proceso electoral, suele observarse un cambio en las prioridades del gasto público. Las autoridades nacionales, congresuales y municipales incrementan tanto la inversión en obras como el gasto corriente, procurando presentar resultados de gestión y acelerar proyectos pendientes para fortalecer su imagen ante los votantes. En muchos casos se inauguran obras, se anuncian nuevos programas sociales o se incrementan determinadas partidas presupuestarias con el propósito de generar un impacto político inmediato.

Desde una perspectiva de política pública, la inversión del Estado debería responder exclusivamente a criterios técnicos, sociales y económicos, priorizando las necesidades de desarrollo de cada territorio, independientemente del partido que gobierne o de los intereses electorales del momento. Cuando prevalece esta visión institucional, los recursos públicos se asignan con mayor eficiencia y contribuyen de manera más efectiva al desarrollo nacional.

Para responder a las crecientes demandas de una población en expansión y reducir los déficits históricos de infraestructura, sería conveniente promover un gran acuerdo nacional entre las principales fuerzas políticas. Un pacto de esta naturaleza permitiría definir prioridades estratégicas de largo plazo que trasciendan los ciclos electorales, asegurando la continuidad de proyectos fundamentales para el desarrollo económico y social del país.

La evidencia internacional demuestra que las motivaciones políticas influyen significativamente sobre las decisiones de inversión pública. En muchas ocasiones, las prioridades presupuestarias dejan de responder a criterios de rentabilidad económica y social para privilegiar aquellos proyectos con mayor impacto electoral, generando distorsiones en la asignación eficiente de los recursos públicos.

En este contexto adquieren especial relevancia los aportes del economista estadounidense William D. Nordhaus, quien desarrolló la teoría de los ciclos político-económicos. Nordhaus sostuvo que los gobiernos tienen incentivos para estimular temporalmente la actividad económica antes de las elecciones mediante un mayor gasto público, expansión fiscal o políticas que reduzcan transitoriamente el desempleo y mejoren la percepción de bienestar de la población, aunque posteriormente puedan aparecer desequilibrios fiscales, inflación o un aumento del endeudamiento público.
En las últimas décadas, la literatura sobre economía política de la política fiscal y presupuestaria ha enriquecido considerablemente este enfoque. Hoy existe un amplio consenso en torno a diversos factores políticos que condicionan la inversión pública.

Entre los principales pueden destacarse los siguientes:

1. El oportunismo político. Muchos gobernantes procuran iniciar proyectos de inversión al comienzo de su mandato para inaugurarlos antes de las siguientes elecciones. Paralelamente, suelen aprobar aumentos salariales en el sector público, ampliar programas de transferencias o reasignar recursos presupuestarios hacia iniciativas con mayor rentabilidad electoral inmediata.
2. La orientación ideológica de los partidos. Cada organización política establece diferentes prioridades presupuestarias. Algunas favorecen un mayor gasto social y subsidios, mientras otras priorizan la inversión en infraestructura económica, educación, salud o seguridad ciudadana. Estas preferencias influyen directamente sobre la composición del gasto público.
3. La correlación de fuerzas políticas. Los gobiernos que cuentan con sólidas mayorías legislativas suelen aprobar con mayor facilidad sus presupuestos y programas de inversión. Por el contrario, cuando existen fuertes divisiones internas o una oposición con capacidad de bloqueo, resulta más difícil alcanzar consensos sobre el equilibrio fiscal y las prioridades de inversión.
4. La fortaleza institucional. Instituciones públicas con escasa planificación, presupuestos insuficientes o limitada capacidad técnica tienden a ejecutar inversiones menos eficientes, afectando la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.
   La presencia simultánea de uno o varios de estos factores puede afectar negativamente la asignación de la inversión pública y retrasar proyectos esenciales para numerosas comunidades que demandan mejores condiciones de vida, mayores oportunidades de empleo y servicios públicos de calidad.
   En definitiva, la inversión pública constituye una poderosa herramienta para impulsar el crecimiento económico, elevar la productividad y reducir las desigualdades territoriales. Sin embargo, cuando su orientación responde principalmente a objetivos electorales y no a criterios técnicos de desarrollo, se corre el riesgo de sacrificar la eficiencia del gasto y comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
   El verdadero desafío consiste en construir instituciones capaces de garantizar que las prioridades nacionales prevalezcan sobre los intereses políticos de corto plazo, haciendo de la inversión pública un instrumento permanente del desarrollo y no únicamente un recurso para conquistar el poder.
   El autor es economista.