A partir de este sábado entra en vigor el Tratado de Alta Mar, oficialmente llamado Acuerdo sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional, un instrumento histórico que establece por primera vez un marco legal vinculante para la protección y gestión sostenible de los océanos que se encuentran fuera del control de los Estados.
Estas aguas internacionales cubren aproximadamente el 50 % de la superficie terrestre, constituyendo un patrimonio natural global hasta ahora prácticamente sin regulación efectiva.
El acuerdo, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ratificado por más de 80 países, surge tras más de dos décadas de negociaciones internacionales, durante las cuales se debatieron intensamente los intereses económicos, ambientales y políticos de las naciones.
Finalmente, el tratado fue adoptado formalmente por la ONU en junio de 2023 y alcanzó el umbral de 60 ratificaciones, necesario para su entrada en vigor, con la adhesión de Marruecos el 19 de septiembre de 2025. Hasta la fecha, 81 países lo han ratificado, y un total de 145 lo han firmado.
Alcance y objetivos del tratado
El Tratado de Alta Mar establece reglas claras para la creación de áreas marinas protegidas, la evaluación de impactos ambientales de actividades humanas y la distribución equitativa de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.
Su alcance abarca los dos tercios del océano situados fuera de las jurisdicciones nacionales, zonas hasta ahora carentes de instrumentos jurídicos efectivos para controlar la explotación industrial y proteger los ecosistemas marinos.
Entre los objetivos más destacados se incluyen:
- Frenar la sobrepesca y la explotación indiscriminada de los recursos pesqueros en aguas internacionales.
- Proteger la biodiversidad marina, asegurando la conservación de hábitats y especies amenazadas.
- Regular la minería submarina y otras actividades industriales, minimizando su impacto sobre los ecosistemas.
- Fomentar la cooperación internacional, asegurando que todos los países tengan voz y voto en la gestión de estas áreas.
El tratado también se alinea con la meta global de proteger al menos un 30 % de los océanos para 2030, un compromiso que la comunidad científica y ambiental considera crucial para garantizar la resiliencia de los ecosistemas marinos ante el cambio climático y la explotación humana.
La ciencia como pilar del acuerdo
Uno de los pilares del tratado es la colaboración entre ciencia y política. La Guía de Áreas Marinas Protegidas (AMP), desarrollada por expertos de 13 países y avalada por más de tres docenas de científicos, proporciona criterios técnicos y prácticos para evaluar, planificar y monitorear las áreas protegidas. Esta guía combina conocimientos de ciencias naturales y sociales y ya ha sido implementada en 19 países. Plataformas internacionales como la World Database on Protected Areas y MPAtlas utilizan esta guía como referencia para medir la efectividad de los espacios protegidos.
La evidencia científica demuestra que las áreas marinas protegidas son eficaces solo si cuentan con altos niveles de protección, planes de gestión activos y mecanismos que eviten actividades perjudiciales como la sobrepesca o la minería submarina. La recuperación de poblaciones y hábitats marinos depende del diseño, la gestión activa y el monitoreo constante, lo que convierte a la cooperación entre científicos y responsables políticos en un factor determinante.
Desafíos logísticos y financieros
La implementación del tratado no estará exenta de dificultades. Será necesario coordinar esfuerzos internacionales de monitoreo, financiación, capacitación y rendición de cuentas, así como asegurar que las áreas marinas protegidas generen beneficios tanto para la naturaleza como para las comunidades locales. Las ciencias sociales jugarán un papel fundamental para garantizar que las decisiones no solo protejan la biodiversidad, sino que también sean sostenibles desde el punto de vista social y económico.
Próximos pasos y perspectivas
Uno de los hitos más importantes será la primera Conferencia de las Partes (COP1), prevista para finales de 2026. Allí se establecerán los procedimientos para aprobar y gestionar las propuestas de nuevas áreas marinas protegidas y se definirán reglas para regular actividades emergentes como la geoingeniería o la acuicultura en aguas profundas, que podrían tener efectos más allá de las fronteras nacionales.
Expertos coinciden en que el éxito del tratado dependerá de la continuidad del aporte científico y del compromiso político, así como de la cooperación internacional para garantizar la resiliencia de los océanos a largo plazo. La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar representa una oportunidad inédita para que la comunidad global, respaldada por la ciencia, impulse un modelo de gestión oceánica que combine protección ambiental, equidad y desarrollo sostenible.
Con la mitad del planeta bajo su cobertura y un marco legal que une ciencia, política y cooperación internacional, este tratado marca un nuevo capítulo en la historia de la conservación marina, ofreciendo esperanza para la recuperación de los océanos y para la biodiversidad que depende de ellos.
