El diputado oficialista Diosdado Cabello, el principal impulsor de esta ley, explicó ante el pleno de la AN que con esta norma no se reconocerá el derecho a la propiedad privada “cuando se trate de bienes obtenidos producto de actividades ilícitas”.
Caracas.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este viernes la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, un marco jurídico aprobado el jueves por unanimidad en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), con el que se busca recuperar bienes relacionados con la corrupción.
La ley -según la cual el Estado, mediante procedimiento legal, pasará a ser el titular de bienes ilícitos o de origen lícito pero con asociación delictiva- fue aprobada en medio del escándalo por tramas de corrupción reveladas recientemente por las que han sido detenidas 61 personas, entre ellas varios funcionarios.
A juicio de la Sala Constitucional del TSJ, el escrito “contiene normas que buscan fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia estas prácticas delictivas».
Aunque el texto, como manda la Constitución, dice que entrará en vigencia una vez sea publicada en Gaceta Oficial -para lo cual hace falta la promulgación por parte del jefe de Estado, Nicolás Maduro- uno de sus apartados reza- “la extinción de dominio procederá, aunque los presupuestos fácticos exigidos para su declaratoria hubieren ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley».
El diputado oficialista Diosdado Cabello, el principal impulsor de esta ley, explicó ante el pleno de la AN que con esta norma no se reconocerá el derecho a la propiedad privada “cuando se trate de bienes obtenidos producto de actividades ilícitas”, como tampoco los “destinados a esas actividades contrarias a la ley».
Además, el considerado número dos del chavismo aseguró que los recursos recuperados serán destinados al sistema de protección social -a través del cual el Gobierno entrega bonificaciones-, a los servicios públicos, la infraestructura pública, programas de atención y reparación a las víctimas de actividades ilícitas y a las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
