José Miguel de la Rosa
Desde que el presidente Luis Abinader asumió la administración del Estado en 2020, ha dejado claro que prefiere a los “no políticos” en algunos casos.
Esto se evidencia en la inclusión de la base partidaria en el Gobierno, donde muchos cargos, que podrían haber sido ocupados por dirigentes, han sido ocupados por personas de la sociedad civil.
Este patrón no se limita sólo a los cargos dentro del Gobierno; el presidente también ha mostrado oposición a que figuras políticas integren instituciones claves como la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y la Procuraduría General de la República, una postura que ha mantenido desde su inicio.
Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una interrogante: ¿realmente existe la llamada “sociedad civil” que antes desempeñaba un papel activo y crítico durante los gobiernos del PLD? En aquel entonces, estos grupos se erigían como voces de disenso frente a las políticas que consideraban perjudiciales para el país.
Lamentablemente, sus voces están ausentes, su presencia en los espacios públicos y medios de comunicación es prácticamente inexistente, y sus críticas, si es que aún existen, han perdido contundencia.
Quizás algunos piensan que no es necesario criticar cuando todo parece ir bien, pero otros podrían interpretar este silencio como un indicio de que aquellos que se presentaban como sociedad civil, en realidad, eran políticos disfrazados de independientes.
No es un fenómeno nuevo que miembros de la sociedad civil se incorporen a los gobiernos. Durante el mandato de Danilo Medina, varios ministros provenían de este sector.
Sin embargo, cuando alguno de ellos, como Isidoro Santana, entonces ministro de Economía, se atrevió a expresar su desacuerdo con la modificación constitucional que habilitaba a Medina para optar por un tercer mandato, fue destituido.
La disidencia no fue tolerada, y ello reflejó cómo la sociedad civil puede ser parte del aparato estatal, pero bajo ciertos límites.
En resumen, no importa si se es político o miembro de la sociedad civil: lo que realmente define a un actor público es su capacidad para actuar con coherencia, transparencia y en beneficio del pueblo.
Lo que necesitamos es un compromiso genuino con la democracia, más allá de las etiquetas, y un espacio de crítica y debate saludable, que no se vea subordinado a intereses políticos o personales. El país requiere de voces comprometidas, no sólo de silentes aplausos.
