A los fines de excusar sus actitudes levantiscas o de simple protesta, la juventud rebelde de mi generación solía exclamar casi invariablemente: ¡…y como no explican!!!, expresión con la cual reprochaban a las autoridades las actuaciones enigmáticas con que éstas sorprendían de cuando en cuando al país.
Actuaciones de ese jaez nos llegaban envueltas en todos los colores y eran practicadas en todas las latitudes del país. Un jefe militar de tal o cual provincia, por ejemplo, prohibía, de espalda a la Ley, cualquier manifestación o reunión que él, personalmente, considerara sospechosa.
De igual modo, el director de escuela, el profesor, el juez, el fiscal, el tráfico de la esquina y hasta el inspector motorizado de carreteras, eran autoridades para quienes sus cambiantes caprichos personales eran, cada día, la nueva ley a serle exigida al ciudadano, incluso sin obligación de explicarle el cambio a nadie.
Desde hace más de un siglo, las dos Cámaras del Congreso Nacional conocen y sancionan leyes y modificaciones de leyes antes de que estas sean promulgadas por el Poder Ejecutivo.
Pero durante el mes pasado vivimos algo nuevo: la Cámara de Diputados, tras modificar el nuevo Código Penal, decidió que la aprobación por ella emitida bastaba para enviar dicho Código a Promulgación sin necesidad de que los cambios introducidos en el mismo fueran conocidos y sancionados igualmente por el Senado.
Se trata de una extrañeza que pone en duda la validez del Senado, pues aunque el art. 102 de la Constitución pudiera resultar algo interpretativo, su espíritu es meridianamente claro, al igual que la tradición: después de que una cámara aprueba una ley debe pasarla a la otra cámara para conocimiento y sanción, tal como se prevé en el art. 99 de la Carta Magna.
Este mandato es más exigible aún en el caso del nuevo Código Penal, pues la Cámara de Diputados le introdujo cambios que al Senado podrían parecerles inconvenientes o, por cualquier razón, inaceptables. Ojalá se haya tratado de un error puro y simple.
