El ruido es el delito ambiental más denunciado en el país

Santo Domingo.– La contaminación sónica y/o el ruido es el delito ambiental más denunciado en República Dominicana, con más de 5,000 casos mensuales a nivel nacional, según reveló el magistrado Francisco Contreras, procurador adjunto de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren).

El funcionario explicó que este tipo de infracción, tipificada en la Ley 90-19 sobre contaminación acústica, no solo afecta la convivencia ciudadana, sino que tiene consecuencias directas sobre la salud física y mental de la población, generando trastornos del sueño, ansiedad, problemas auditivos y alteraciones del sistema nervioso.

“Producir ruidos nocivos de forma constante es un delito ambiental y está sancionado con penas de uno a tres años de prisión y multas que van desde un salario mínimo hasta 30 salarios mínimos”, precisó Contreras.

Indicó que las autoridades han logrado sentencias condenatorias en múltiples casos, incluyendo penas de uno y dos años de prisión, lo que evidencia un mayor nivel de judicialización en este tipo de delitos.

Solo en noviembre del pasado año, las autoridades destruyeron 6,447 equipos de sonido incautados, tras concluir los procesos judiciales correspondientes.

El magistrado señaló que este fenómeno se concentra principalmente en zonas urbanas, donde ciudadanos y establecimientos comerciales suelen ignorar los límites de decibeles permitidos por la normativa ambiental, fijados entre 50 y 55 decibeles en horario diurno y entre 55 y 60 en horario nocturno.

Extracción de agregados como delito

Tras la contaminación sónica, Contreras identificó como segundo delito ambiental más recurrente la extracción ilegal de agregados en ríos y zonas costeras.

Explicó que toda actividad de este tipo requiere permisos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como certificaciones relacionadas con el uso de suelo. La ausencia de estas autorizaciones constituye una violación a la Ley 64-00.

“Cuando se detecta una intervención ilegal en ríos o zonas protegidas, realizamos inspecciones técnicas junto a especialistas y procedemos a la judicialización del caso”, indicó.

Estas investigaciones cuentan con el apoyo de instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Academia de Ciencias, lo que fortalece la base técnica de los procesos judiciales.

Incendios forestales

Otro de los delitos que preocupa a las autoridades es la ocurrencia de incendios forestales, muchos de los cuales son provocados por prácticas agrícolas tradicionales que terminan saliéndose de control.

Contreras advirtió que estos incendios generan daños irreversibles en los ecosistemas, eliminando la biodiversidad y afectando extensas áreas boscosas.

“Si los ciudadanos conocieran la magnitud del daño que causan los incendios forestales, no incurrirían en esta práctica. Se destruye todo el entorno natural”, afirmó.

El Ministerio Público ha logrado condenas contra personas responsables de estos hechos, en un esfuerzo por desincentivar su ocurrencia.

El procurador adjunto destacó que en los últimos años se han obtenido sanciones más contundentes contra delitos ambientales, incluyendo condenas millonarias.

Citó el caso de un empresario condenado a dos años de prisión y al pago de 60 millones de pesos por la tala ilegal de árboles en San José de Ocoa, así como otro caso en Moca, donde se impuso una multa de 100 millones de pesos por daños derivados de actividades porcinas.

“Estamos avanzando en la judicialización de los delitos ambientales, obteniendo sentencias que envían un mensaje claro de que estas prácticas no quedarán impunes”, sostuvo.

Conversando con EL DÍA, el funcionario también se refirió a la importancia de respetar las vedas de especies en peligro de extinción, como el pez loro, cuya captura y comercialización está prohibida por su rol en la preservación de los arrecifes coralinos.

Asimismo, alertó sobre las amenazas a las áreas protegidas, donde se han detectado ocupaciones ilegales, actividades económicas no autorizadas e incluso procesos de titulación irregular.

Ante esta situación, informó que se ha conformado una fuerza de tarea especial enfocada en la protección de estos espacios y de los recursos hídricos del país.

Denuncias anónimas

Contreras hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar los delitos ambientales, destacando que el sistema permite realizar denuncias de manera anónima y segura.

Las denuncias pueden canalizarse a través de la Procuraduría Ambiental, el Sistema Nacional de Emergencias 911, líneas habilitadas en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía, o mediante las fiscalías ordinarias en todo el territorio nacional.

“El denunciante está protegido por la normativa. Su identidad no se revela en ningún momento”, explicó.

Finalmente, Contreras enfatizó la necesidad de fortalecer la conciencia ambiental en la sociedad dominicana, señalando que la protección del medio ambiente es una responsabilidad colectiva.

“Hacemos un llamado a cuidar nuestra casa común.

El agua, el aire y los bosques son esenciales para la vida. Sin ellos, simplemente no podemos existir”, expresó.

Aseguró que el Ministerio Público continuará reforzando sus capacidades operativas y trabajando junto a la sociedad civil para enfrentar los delitos ambientales en todas sus manifestaciones.