Daris Javier Cuevas.
Por lo general suele entenderse que el riesgo político se limita a los países de economía emergente o donde existe inestabilidad de gobiernos, sin embargo, resulta que esto sigue siendo una media verdad, esto así ya que éste existe en todas partes de manera progresiva. Las calificadoras de riesgo, originada por el coeficiente de deuda, ponderan los factores políticos como variable del contexto para analizar el riesgo país a lo se le asigna una valoración similar al riesgo económico, pues la sumatoria de ambas constituyen el 50%.
Pero resulta que el riesgo político hace referencia a la probabilidad de que un evento político afecte el clima de negocios para una determinada iniciativa de inversión. En la actualidad, en América latina la mayor incidencia del riesgo político se está originando en la violación a las normas constitucionales mediante reformas que procuran la extensión de los periodos gubernamentales de una manera atropellante utilizando como mecanismo a los organismos institucionales como forma de legitimar esas pretensiones.
En el contexto del riesgo político se engendran inestabilidad del gobierno o del régimen político causada por problemas socioeconómicos que aceleran la expansión de la pobreza, desempleo y conflictos laborales, bajo nivel de ingreso per cápita, ralentización económica y altos niveles de inflación. Obviamente, esto genera un incremento en las tensiones políticas fruto de las discordancias entre facciones o partidos políticos, intentos de golpe de Estado, trastornos y debilidad institucionales.
Las evidencias empíricas muestran que el riesgo político, estimulado por la quiebra constitucional, es muy desfavorable para la estabilidad macroeconómica e incide en la fuga de capitales extranjeros ante el temor de que trascienda la inseguridad jurídica que conduzca a un riesgo de transferencia, es decir, el riesgo derivado de la imposibilidad de repatriar capital e intereses debido a la situación económica y politica de un país, que es lo que se denomina macro riesgo político. Por igual, se pueden generar micro riesgo político cuando se afectan determinados sectores de la economía o bien determinadas empresas extranjeras por la intervención del gobierno de manera grosera.
La retaliación a los negocios y en el sistema político es un elemento demoledor para un ambiente de estabilidad, por lo que corresponde al gobierno suscitar un clima de confianza y cohabitación entre los disímiles actores político y económico. Pues tal situación procuraría una buena imagen del gobierno ante las calificadoras de riesgo en caso de que se efectúe alguna medida político-económica, que tienda afectar o que sea factible a determinado sector económico político especifico.
El detonante del riesgo político genera tensiones económicas y políticas que solo arrastra a un futuro incierto, que tiende empeorar en la medida que los indicadores de la democracia se deterioran fruto de que se cometen violaciones a las normas constitucionales y a la seguridad jurídica. Tal situación construye un horizonte económico y político lleno de fragilidad que trastorna la convivencia, lo que se traduce en que un país se convierta en vulnerable, fomentando asi la desconfianza crediticia y el riesgo político como elementos fundamentales de la dinámica de la economía.
