La comisión especial designada por el Senado de la República para evaluar a los candidatos a miembros de la Junta Central Electoral (JCE) agotó su primera semana de entrevistas a parte de los 334 aspirantes a ocupar puestos en el órgano electoral.

La sociedad dominicana sigue de cerca este proceso relevante para la institucionalidad democrática, en vista de que viene luego del traumático colapso, por primera vez, de unas elecciones, como sucedió con las municipales que debieron realizarse en febrero de este año.

o novedoso consiste en que la población puede seguir las entrevistas a través de la televisión, las redes sociales y la propia página web de la Cámara Alta, en cuya plataforma quedan grabadas.

Existe la arraiga creencia de que el Senado de la República solamente legalizará la escogencia, porque el señalamiento de los cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes vendrá de los dedos del presidente Luis Abinader y del expresidente Leonel Fernández, lo cual describiría a la democracia dominicana como una caricatura.

En el hipotético caso de que fuere cierto, éstos corren un considerable riesgo, debido a que la calificación dependerá de cómo actúe el órgano electoral durante el período 2020-2024.

Ambos son de la opinión de que los nuevos miembros de la JCE no deben tener vínculos con agrupaciones políticas porque, alegadamente, en el momento de una disputa electoral cerrada, no serían buenos terceros imparciales. Nada más falso, debido a que las creencias políticas de una persona honesta jamás le torcerían para favorecer intereses particulares o grupales.

Además, en virtud de lo que establece la Constitución Dominicana, corresponde al Senado de la República escoger a los integrantes del órgano electoral, lo que deja claro el origen político del proceso de selección de los mismos.

Ningún líder político debería colocarse por encima de los organismos del partido a que pertenece. Históricamente, los partidos políticos han jugado un rol preponderante en el funcionamiento de las instituciones democráticas, y en términos de estabilidad se han manejado de manera adecuada.

El ordenamiento jurídico-político se ha basado en organizaciones de masa que luchan abiertamente por el control de los diversos estamentos del Estado.

Desde la apertura democrática que se produjo con la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, en 1961, el incremento de las agrupaciones políticas en el escenario ha sido constante, contrario a como había sucedido desde la proclamación de la Independencia Nacional, el 27 de febrero de 1844. A los partidos políticos dominicanos hay que ubicarlos en el siglo XX, concretamente, después de la muerte de Trujillo.

En medio de un mayor auge democrático, el siglo XXI encuentra al país con nuevas agrupaciones que comenzaron a acompañar en el escenario nacional a los tradicionales Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC). Cabe destacar que en esta centuria, solamente el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha adquirido dimensión de relevancia en el escenario electoral nacional, a tal punto que hoy gobierna a la nación.

El futuro que le aguarda a la República Dominicana no parece ser promisorio, por lo que lo conveniente sería que la JCE sea estructurada base al consenso, primando el criterio de que aquellos que sean escogidos respondan a los requerimientos de capacidad, honestidad e independencia de criterio al momento de las tomas de decisiones relevantes para la vida democrática.

Quizás Luis y Leonel tendrían que detenerse a reflexionar acerca del riesgo que corren, imponiendo los miembros del organismo que arbitrará los comicios del año 2024.