Cuando se analiza el problema de la deuda soberana acumulada, resulta inevitable experimentar cierta preocupación. En efecto, nadie puede prever con absoluta certeza cómo evolucionarán las actuales condiciones de incertidumbre financiera internacional, especialmente las decisiones de política monetaria adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) y el Banco Central Europeo (BCE), instituciones que, mediante el manejo de las tasas de interés y sus expectativas futuras, influyen significativamente sobre el costo del financiamiento de los países endeudados.
Estas decisiones afectan particularmente a las economías emergentes y en desarrollo, cuyos gobiernos deben enfrentar mayores costos de financiamiento, limitando los recursos disponibles para inversión social, infraestructura y políticas de crecimiento económico. Los efectos colaterales de los ciclos de endurecimiento monetario internacional suelen traducirse en mayores cargas fiscales, desaceleración económica y deterioro relativo de los niveles de bienestar.
La República Dominicana realizó su primera emisión de bonos soberanos en septiembre de 2001, por un monto de US$500 millones a un plazo de cinco años. Desde entonces, el recurso al financiamiento internacional ha aumentado considerablemente. Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, la deuda emitida exclusivamente mediante bonos soberanos ascendía a aproximadamente US$38,000 millones, equivalente a cerca del 59 % del total de la deuda pública vigente.
Las colocaciones internacionales más recientes reflejan el actual entorno financiero global. En febrero de 2026, el país realizó una emisión de US$2,750 millones dividida en dos tramos: el primero, por US$1,250 millones con vencimiento en 2034 y una tasa fija de 5.75 %, y el segundo, por US$1,500 millones con vencimiento en 2038 y una tasa fija de 6.15 %, destinados principalmente al financiamiento de proyectos de infraestructura y manejo de pasivos.
El perfil de la deuda dominicana presenta, sin embargo, algunas fortalezas importantes.
Aproximadamente el 81 % del portafolio de deuda externa está contratado a tasa fija, lo que reduce la vulnerabilidad frente a incrementos futuros de las tasas internacionales. No obstante, el servicio de la deuda continúa representando una carga significativa para las finanzas públicas, destinándose alrededor del 25 % al 27 % de los ingresos tributarios al pago de intereses.
Comparativamente, la situación dominicana continúa siendo más favorable que la de varios países de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Argentina ha enfrentado múltiples episodios de incumplimiento soberano durante las últimas décadas, manteniendo niveles de riesgo país persistentemente elevados. Ecuador declaró moratoria parcial en 2008 y posteriormente reestructuró su deuda durante la pandemia.
Por su parte, países como Jamaica y Barbados implementaron importantes procesos de reestructuración de deuda pública durante la década pasada para restablecer la sostenibilidad fiscal. En contraste,
República Dominicana ha mantenido un historial de cumplimiento íntegro de sus obligaciones soberanas, preservando el acceso continuo a los mercados internacionales de capital.
La política monetaria estadounidense continúa siendo un factor determinante para las economías emergentes. La Reserva Federal ha mantenido una postura prudente respecto a la evolución de las tasas de interés, procurando consolidar el proceso de desinflación sin provocar perturbaciones excesivas sobre el crecimiento económico y la estabilidad financiera internacional. Esta estrategia favorece relativamente a los países emergentes con elevados niveles de endeudamiento externo.
El incumplimiento de la deuda soberana conlleva importantes penalizaciones económicas y financieras. Aunque este no ha sido el caso de la República Dominicana, la experiencia internacional demuestra que los gobiernos que incumplen sus obligaciones suelen enfrentar mayores costos de financiamiento, pérdida temporal de acceso a los mercados internacionales y deterioro de su reputación crediticia.
Los estudios realizados sobre mercados emergentes, particularmente las investigaciones de Eduardo Borensztein y Ugo Panizza, evidencian que, aunque los costos del incumplimiento soberano son relevantes, los mercados financieros internacionales han reducido gradualmente el período de exclusión financiera de los países incumplidores. Sin embargo, ello no significa que el costo económico desaparezca completamente.
La evidencia empírica indica que los países que han experimentado incumplimientos suelen pagar primas de riesgo adicionales, que pueden oscilar entre 25 y 300 puntos básicos, dependiendo de la gravedad del evento, la credibilidad de las reformas implementadas y las condiciones financieras internacionales. Además, estos episodios suelen provocar restricciones en el financiamiento comercial, disminución de la inversión extranjera y deterioro de las expectativas económicas internas.
Tradicionalmente, el riesgo de incumplimiento soberano se evalúa mediante diversos indicadores históricos, entre los cuales destacan: la duración acumulada de los episodios de incumplimiento, el tiempo transcurrido desde el último evento de cesación de pagos y el comportamiento observado durante los años posteriores a las renegociaciones o reestructuraciones de deuda.
En consecuencia, evitar un incumplimiento soberano constituye un objetivo estratégico de primera magnitud. Más allá del incremento de las tasas de interés, deben considerarse otros costos asociados, como la pérdida de credibilidad internacional, las eventuales sanciones financieras, las interrupciones en el comercio exterior y las dificultades en la intermediación financiera.
Estos costos tienden a ser mayores en los países altamente endeudados que permanecen excluidos de los mercados internacionales durante períodos prolongados. En definitiva, la magnitud de la prima de riesgo soberano depende tanto de las condiciones internas de cada economía como de la evolución del entorno financiero mundial, las perspectivas de crecimiento y la capacidad institucional para sostener políticas fiscales responsables.
La experiencia internacional demuestra que preservar la confianza de los mercados y mantener la sostenibilidad de la deuda pública continúa siendo uno de los principales desafíos para las economías emergentes del siglo XXI.
Sobre el autor
Economista y contador público, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) con maestrías en Administración Pública (PUCMM), Manejo Sostenible del Agua (PUCMM), Contabilidad Tributaria (UASD) y Riesgo de Desastres y Gobernanza del Cambio Climático (Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) Madrid, España)
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