No se ha visto el primer caso en esta isla compartida por dos naciones hermanas ni en el mundo, donde una comunidad afectada por alguna situación haya falseado la verdad.
Lo dicho arriba se relaciona con la muerte violenta de Cedieu Jassinthe el 20 de septiembre pasado en el barrio 27 de Febrero de la ciudad de Santo Domingo.
De acuerdo a los testimonios recibidos por este redactor, durante un encuentro comunitario de resolución de conflictos, el caso se resume a tres puntos: el homicidio de un inmigrante irregular que no obtempera rápidamente la solicitud de un oficial; las maniobras sospechosas de la Policía para llevarse el cadáver; la indignación de los comunitarios que desemboca en incidentes provocados por los agentes actuantes.
Es clave entender el origen del problema. Los compañeros y vecinos de la víctima se opusieron al levantamiento del cuerpo sin la presencia de un representante de la misión diplomática haitiana.
No es en sí el protocolo. Pero casos anteriores de abusos policiales han mermado la confianza de la población en algunos de sus agentes. Además, se está frente a la implicación directa de uno de los miembros de la institución del orden.
Según los testigos, la Policía para dispersar a los lugareños lanzó bombas lacrimógenas al mismo tiempo que realizó tiros al aire, a lo cual respondieron haitianos y dominicanos con piedras y demás objetos. Una situación de lejos menos grave que los violentos disturbios de Azua el día anterior, provocados por la muerte de un motociclista a manos de un agente de la Amet.
La comunidad haitiana fue doblemente víctima. Por perder uno de sus miembros, un hombre que no llegó a tener la fama de “Palito de Coco”, pero querido por los paisanos, dejando en la orfandad a 5 niños. También por recibir una vez más la embestida de un sector de la prensa y algunos articulistas demostrando una capacidad imaginaria que obviamente esconde sentimientos muy oscuros.
La rápida actuación de las autoridades, particularmente la Procuraduría General de la República, permitió esclarecer dos cosas: los compatriotas haitianos no tenían armas ni están armados en la comunidad; el disparo que segó la vida al vendedor de chicharrones no fue accidental.
Evidentemente una medida de coerción fue adoptada en espera del juicio de fondo. La expectativa es que el mismo ofrezca un castigo ejemplar al acusado y justicia a los acongojados familiares.
Para entender el caso hay que ponerlo en un contexto más global. Como pasa en otros países de la región, los inmigrantes irregulares constituyen un grupo con el cual existe una relación tácita de complicidad con agentes policiales corruptos. En eso se suman a los y las trabajadores sexuales y distribuidores de narcóticos en los barrios populosos.
Algunos crímenes policiales se han registrado contra miembros de estos grupos por la violación de un código que las partes parecen establecer. El extorsionador se cobija con su uniforme.
Ahora bien, aunque no fuera en la magnitud descrita por ciertos medios, los lamentables incidentes entre agentes policiales y moradores del barrio en relación a la muerte de Jassinthe indican la falta de canales de comunicación efectivos entre la Policía, la misión diplomática haitiana y la comunidad.
Por los diversos casos, como este, que se registran los fines de semana, es lamentable que pese a nuestra insistencia Haití no haya dispuesto de un mecanismo de asistencia especial a través de un “call center”. Con una respuesta más rápida del servicio consular quizás los incidentes se pudieron evitar.
Anímamos pues a todos los actores interesados, autoridades gubernamentales y diplomáticas, ONG, grupos de base y la prensa a tomar las lecciones del caso.
No podemos esperar a un “mea culpa” de ningún medio por publicar informaciones totalmente falsas sobre dichos incidentes. Más, ante la manipulación mediática, la comunidad haitiana ha probado nueva vez, independientemente de la nacionalidad… el pueblo nunca miente.
