Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Archivo.
Santo Domingo.-Pese a los reiterados llamados de la Junta Central Electoral y la sociedad civil para que se agilicen los trabajos en torno a la modificación de la Ley de Partidos 33-18 y la Ley de Régimen Electoral 15-19, los avances en esa dirección avanzan a paso lento.
EL DÍA le hizo algunas preguntas sobre este tópico al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños.
¿Qué elementos considera son similares a los forcejeos políticos generados en los años previos a la aprobación de ambas leyes?
La aprobación de las leyes de Partidos Políticos y Régimen Electoral han sido el fruto de décadas de discusión. De manera que, siempre habrá temas sensibles que dividen a la opinión pública y a los propios partidos políticos, como lo es el caso de los topes de financiamiento, los tiempos de precampaña y los mecanismos de democracia interna, por citar algunos ejemplos.
Frente a la urgencia, ¿la extensión en el tiempo de esos debates afectaría?
Tal como hemos insistido desde Finjus en otras ocasiones: la coyuntura actual nos exige un amplio consenso nacional, que incluya a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
No es momento de continuar fraccionando una discusión tan importante para nuestra institucionalidad democrática motivado por intereses particulares. Todo lo contrario, las elecciones pasadas fueron una demostración que aún podemos seguir fortaleciendo nuestro régimen electoral y eso requiere que se tomen en cuenta los horizontes comunes y se establezcan reglas de juego acordes a nuestra realidad.
¿Cómo afectaría a las elecciones que las modificaciones sean realizadas a pocos meses de la misma?
Evidentemente, un retraso en la aprobación de las nuevas leyes de Partidos y de Régimen Electoral implicaría una aceleración del proceso de socialización y comprensión de los nuevos paradigmas que traen consigo ambas legislaciones.
Por tanto, el próximo proceso electoral se pudiese ver muy afectado si no se logra un consenso en torno a las mismas, ya que la inclusión de los aspectos que pudiesen ser modificados requerirían una adaptación práctica por parte del órgano electoral, así como de los propios partidos.
¿Cuál es el riesgo de cometer pifias constitucionales como ya sucedió?
El resultado de que las normas promulgadas por el Congreso Nacional no se ajusten a la Constitución es muy claro: su incompatibilidad con la adecuación al ordenamiento jurídico vigente. No obstante, confiamos en que aquellos aspectos contenidos en las leyes de partidos y de régimen electoral que no se ajustan a nuestro marco constitucional ya han sido superados.
La JCE sigue insistiendo en que, al menos, no se deje pasar la próxima legislatura sin la aprobación de ambas leyes
La labor que ha realizado la Junta Central Electoral de tomar en cuenta todo lo que el Tribunal Constitucional ha exhortado y declarado como no conforme a la Constitución para la elaboración de los dos proyectos, que actualmente se encuentran en curso en los diferentes espacios de discusión, ha sido excepcional y confiamos en que ello permitirá corregir las debilidades de las leyes vigentes.
En ese sentido, esta es una oportunidad única para conformar un sistema electoral que cuente con reglas de financiamiento público y privado más equilibradas y transparentes, así como también es el momento idóneo de garantizar un proceso electoral con todas las garantías tanto para la ciudadanía como para los propios partidos e instituciones.
Intereses particulares
Opinando sobre el mismo tema, el miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), Samir Chami Isa, quien pidió a la clase política no pensar en intereses particulares. “Sino que entiendan que, si estos dos proyectos son aprobados, el sistema electoral va a dar un cambio integral en el país y se fortalecerá la democracia”.
Chami Isa espera que se apruebe la propuesta de reforma a las leyes 33-18 y 15-19, depositada ante el Congreso y vista en la mesa coordinada por el Centro Económico y Social (CES).
El funcionario de la JCE exhortó a que se piense en el fortalecimiento de la democracia de cara a las elecciones de 2024.
Lo logrado
— Debates
En el debate organizado por el CES se concluyó con 17 consensos y 19 disensos en la Ley de Partidos 33-18. La JCE ha pedido al organismo dar paso al Congreso Nacional para su estudio y aprobación.
