Abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez
Santo Domingo.-El abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez afirmó que la crítica generalizada dentro de la comunidad jurídica fue determinante para la reducción del período de mandato del procurador, pasando de cuatro a dos años.
Rodríguez subrayó que el procurador no debe ser un funcionario inamovible y que, para fortalecer la independencia del cargo, es esencial desvincularlo de la práctica política.
Rodríguez destacó que esta desvinculación se contempla en la propuesta actual, que establece una regla de incompatibilidad para el cargo de procurador, prohibiendo que el candidato haya ejercido la política en los cinco años previos a su designación.
Esto no solo implica la separación del procurador de la política en sí, sino también del vínculo orgánico con los altos niveles de los partidos políticos que lo hayan designado, un factor que ha contribuido a los problemas actuales.
El procurador, según Rodríguez, tiene un poder y una responsabilidad significativos en la vida pública, especialmente en la persecución penal. Esta posición expone al procurador a posibles arbitrariedades, ya sea intencionalmente o no, y en el país se han registrado numerosos casos de arbitrariedad. Por ello, Rodríguez subraya la necesidad de mecanismos de rendición de cuentas durante el ejercicio de su cargo.
Rodríguez enfatizó que el aspecto más crucial en la forma de designación del procurador general de la República es la inclusión del criterio de incompatibilidad con la práctica política y la pertenencia a órganos de partidos políticos. Esta medida es fundamental para garantizar la independencia y objetividad del procurador.
Aclaró que el abogado general de la administración al que se refiere la propuesta es el procurador general administrativo actual. Este funcionario, según Rodríguez, no forma parte del Ministerio Público ya que sus funciones están orientadas a representar a la administración pública en el ámbito contencioso administrativo, y no a la persecución penal. Su rol es defender y asesorar a las instituciones estatales cuando sea necesario, actuando como abogado del gobierno.
En relación con la reforma constitucional, Rodríguez mencionó que la exclusión del procurador general de la República del Consejo Nacional de la Magistratura era una cuestión pendiente desde el 26 de enero de 2010. Esta exclusión es vista como un paso necesario para mejorar la independencia del procurador y, en consecuencia, la eficacia del sistema judicial.
La propuesta de reforma busca, en última instancia, establecer un equilibrio entre el poder del procurador y los mecanismos de control y rendición de cuentas necesarios para evitar posibles abusos de poder. Rodríguez considera que estos cambios son esenciales para fortalecer el sistema de justicia y asegurar la imparcialidad en la persecución penal.
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Estas declaraciones fueron realizadas en el programa El Día, transmitido de lunes a viernes por Telesistema Canal 11.
