Roberto Marcallé Abreu
Cuando el sábado 22 de febrero el Ejecutivo retornó a su apartamento ya pasadas las 7 de la noche, es muy probable que, pese al sistema insonorizado de su lujoso vehículo, escuchara un incómodo y persistente murmullo proveniente de los edificios aledaños y de las mismas calles.
El rumor alcanzó su clímax cuando arribó a su departamento. Desde las ventanas de los condominios y haciendo uso de instrumentos de cocina, cientos, quizás miles de vecinos, entonaron un concierto a cacerolazos que deshizo el silencio de la zona.
Conductores que circulaban por el lugar tocaron alocadamente las bocinas de sus automóviles.
La convocatoria a una marcha multitudinaria que encabezarán dos candidatos presidenciales es la natural continuación de esta nueva actitud.
El evento se organiza tras una semana de protestas realizadas espontáneamente por miles de jóvenes en la avenida Luperón y que se han multiplicado de forma abrumadora por toda la república. Esta concatenación de sucesos son consecuencia directa de la suspensión de las elecciones municipales.
Reflexionar en estos últimos días incluyendo la conducta errática del partido oficial y el gobierno puede arrojar numerosas conclusiones.
La primera, que asistimos al resquebrajamiento de uno de los periodos más turbios y truculentos de nuestra historia moderna. La segunda, un cambio radical en la actitud pasiva de la ciudadanía.
El paso adelante lo dio la juventud dominicana y al mismo se han sumado miles de personas de todas las esferas sociales, incluyendo criollos residentes en Estados Unidos, Europa y Puerto Rico.
La interrupción de los comicios ha desbordado la paciencia de quienes son testigos aterrados del ominoso actual estado de cosas.
De no reaccionarse ante el fraude cometido en las primarias del partido oficial y la detención de las elecciones municipales se estarían abriendo las compuertas de una dictadura que borraría de golpe los derechos ciudadanos, las libertades públicas y todas las conquistas democráticas.
Existe el consenso de que el país nunca había descendido a los niveles de degradación por los que atraviesa desde hace años.
Corrupción y enriquecimiento ilícito escandalosos, irrespeto a la institucionalidad, concentración de los poderes del Estado, liquidación del sistema de justicia. Empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo, inseguridad ciudadana, crímenes, suicidios, narcotráfico y un endeudamiento externo sin precedentes.
Mientras se habla de “crecimiento económico”, la situación de los barrios capitaleños y la generalidad de las comunidades del interior evidencian lo contrario: “Servicios prioritarios demandados de hace 20 años, como la falta de agua, la inseguridad ciudadana, el arreglo de calles y recogida de basura eficiente, falta de escuelas, salud, empleos siguen latentes”.
Barrios como Mejoramiento Social, El Caliche, V illa Fontana, Villa María, 27 de Febrero, María Auxiliadora, Agua Dulce, “reciben el agua solo dos veces a la semana”.
“Estamos a merced de los delincuentes”, dicen los vecinos. “Las calles no tienen iluminación, la escuela Héctor J. Díaz, que acoge 450 niños opera en una casa alquilada. Los infantes reciben clases apiñados en angostas aulas sin ventilación, casi a oscuras, con apenas dos baños.
El recreo lo toman en la calle porque no disponen de un patio. No tenemos un instituto técnico que acoja a nuestros jóvenes”. (Yanet Feliz).
Hay quejas graves ante las alzas desmedidas de los materiales de construcción. “La producción agrícola carece de competitividad“ (José Mercedes Feliz). “La industria lleva años perdiendo terreno frente a otros sectores de la economía” (Gustavo Volmar). “Crecientes niveles de déficit fiscal y aumento de la deuda pública”.
(Frederich Berges). “El vicedecano de Economía de la UASD cree pobreza en el país es similar a la del año 2002”.
¿Nos encontramos en el principio del fin?
