Daris Javier Cuevas.
Los economistas están convencidos de que el arma más poderosa que tiene el Estado para intervenir en las actividades económicas es la política económica, razón por la cual, esta se convierte en un elemento que enfrenta a los diferentes sectores y agentes activos de las decisiones que influyen en la dinámica de la riqueza de un determinado país.
Por tales conocimientos, el liderazgo político, el tejido empresarial y los grupos de presión aparecen con posiciones enfrentadas ya que los gastos, los impuestos y el endeudamiento público ejercen una gran influencia en el PIB y el empleo.
Es válido traer las sacrosantas palabras del economista Paul Samuelson de que “en economía no hay almuerzo gratis”, realidad verificable en la cotidianidad ya que toda decisión de carácter económico ha de estar respaldada de una fuente financiera sostenible en el corto y largo plazo.
En particular, para el Estado, su fuente de fondeo de sus decisiones de ingresos las encontramos en la política fiscal, la cual posee como instrumento de soporte del gasto público y los impuestos para incidir en la economía, de una manera expansiva o restrictiva.
Para una mejor comprensión, se resalta que una política fiscal expansiva involucra una progresión del gasto público o una mínima recaudación fiscal o una combinación de ambos, lo cual dará lugar a un déficit presupuestario mayor o un menor superávit, lo que en la realidad se traduce en que esta tipología de política fiscal se asocia ordinariamente con un déficit fiscal. Por el contrario, una política fiscal restrictiva, o contractiva, se origina cuando el gasto neto del gobierno se comprime, ya sea a través de mayor recaudación fiscal o reducción del gasto público, o una combinación de ambos.
A modo reflexivo, se puede deducir que un déficit fiscal se deriva de la tipología de política fiscal que se ejecute, en el entendido de que si esta es expansiva cuando tiene como objetivo estimular la demanda agregada, fundamentalmente, suponiendo que la economía atraviese por un período de recesión y requiere un impulso para expandirse, entonces, el gobierno está en la necesidad de incrementar el gasto público, cuyo resultado tiende a originar un déficit presupuestario y estimular inflación. Por el lado de la Política fiscal restrictiva, el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo, cuando la economía está en un período de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la enorme inflación que pudiera estar creando y esto en la práctica no es más que reducir el gasto público e incremento de los impuestos.
Desde inicio del siglo XXI, la política fiscal ha retornado a liderar los enfoques de política económica en aquellas economías donde se han fraguado crisis y se ha reorientado el interés por el crecimiento económico. En adición, donde se promueven reformas en el sistema tributario, se apuesta a la recuperación y estabilidad macroeconómica, mejora en la presión tributaria, preocupación por el déficit fiscal y el endeudamiento público.
Como se sabe, en cada país para cada año se elabora un presupuesto público el cual contiene la descripción de la política fiscal, incluyendo las proyecciones de ingresos y gastos, razón por la cual las estimaciones de superávit o déficit potencial, están en función de la capacidad para recaudar los impuestos. Pues si los gastos superan a los ingresos tributarios, existe un déficit presupuestario, pero si estos son mayores que los gastos se prevé un superávit, asumiendo que el presupuesto que presenta el gobierno se trata de una propuesta y que las cantidades reales de los ingresos tributarios y los gastos durante el ejercicio fiscal tienden hacer muy diferentes a lo propuesto, por modificaciones posibles y por los cambios y eventualidades en la economía no previstas.
El presupuesto público siempre genera tensiones entre el gobierno y las fuerzas vivas que gravitan en la economía, dada la dinámica de los gastos corrientes, la inversión pública y el pago de la deuda externa. Y esa es una razón poderosa para que un gobernante comprenda que nunca se debe ser concluyentes con las acciones que realiza ya que cuando un gobierno mitiga o resuelve un problema al anochecer, encuentra otros problemas al amanecer.
