Nassef Perdomo Cordero, abogado.
Las injusticias de nuestro sistema de justicia, valga la contradicción, no cesan de sorprender. La semana pasada nos enteramos de que en una cárcel de la provincia La Altagracia guardaba prisión un hombre cuya libertad había sido ordenada por un juez hace diez años.
Es decir que, durante una década, las autoridades dominicanas retuvieron ilícitamente a una persona luego de haber desaparecido las causas por las que fue reducido a prisión.
La reacción más común a esto es preguntarse quién tiene la culpa. Este es un cuestionamiento necesario, pero a la vez estéril.
La culpa la tienen todos los actores del sistema que entraron en contacto con su caso, sin que ninguno le diera el seguimiento necesario.
La pregunta, por tanto, no es quién falló, sino en qué falló cada uno. Porque fallas hubo, eso está fuera de cualquier duda. Y a borbotones, porque es lo único que explica que una persona durara diez años en una cárcel sin que nadie se preguntara qué hacía allí. Cada uno de esos más de tres mil días fue un fracaso sistémico y particular.
Que la falta tenga ambas dimensiones nos habla de un sistema profundamente descompuesto, en el cual quienes guardan prisión no son tenidos como personas y, evidentemente, ni siquiera como números.
No son nada.
Esto es un fracaso institucional, jurídico, ético y moral. No podemos pasarnos años reconociendo de la boca para afuera que tenemos que racionalizar el sistema de justicia para evitar estos males, y después no hacer nada.
La legitimidad de un sistema de justicia se basa no sólo en la corrección y motivación de sus decisiones, sino también en su eficacia.
Si la decisión de un juez de liberar a una persona tarda diez años en ser cumplida, entonces ni sirven los juicios ni sirven las cárceles.
A la luz de esto, tomemos en cuenta que la alternativa es que las personas asuman directamente la solución de sus conflictos. Y ahí no habrá reforma institucional que nos salve. Podemos actuar a tiempo.
