La República Dominicana ha tenido que redoblar sus esfuerzos ante el mundo para poder demostrar que todo lo que hace es bueno, sobre todo cuando se trata de asuntos internos del país, entre ellos el Plan de Regularización que ha implementado tras la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional TC, que dejó apátridas a cientos de miles de nacionales dominicanos de descendencia extranjera, mayormente haitianos, por ser el número más elevado de ciudadanos que por circunstancias diversas se encuentran en el territorio nacional.
Es de ahí la peregrinación que viene llevando a cabo el Canciller de la República y otros funcionarios diplomáticos, luego que las autoridades dominicanas hayan rechazado como mediadoras a diversas instituciones internacionales, por considerarlas no actas para ejercer una mediación limpia, independiente y de buena fe, que fuese capaz de no erosionar los símbolos patrios y la soberanía nacional.
Estos funcionarios están haciendo su trabajo, y lo están haciendo muy bien, pues para eso les pagan buen dinero, como me fuera manifestado por un funcionario consular recientemente, quien aunque dijo no estar de acuerdo con el abuso migratorio de su país, pero el Gobierno a él le paga para que lo defienda y así lo hace; y amén.
Lo malo de todo esto es que un arquitecto de profesión sea quien tenga que llevar en sus hombros esa misión, que de hecho no es fácil poder demostrar ante el mundo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad Caribeña (Caricom), el Papa y cuantas instituciones internacionales o personalidades no se encuentren en capacidad para ayudar a resolver un problema de uno de los países signatarios de dichas instituciones, entonces ¿para qué sirve ser miembro de las mismas? Aunque repito (está realizando muy buena labor)
El honorable canciller de la República, Andrés Navarro, se ha convertido en una especie de “predicador estatal”, como los religiosos de la Iglesia evangélica, un testigo de Jehová distribuidor de “La Atalaya”, u otras sectas, quienes se presentan a nivel del mundo, en su afán de convencer a los feligreses de lo bueno que es el Cristo Salvador, plan aquel y además, que las instituciones ante señaladas actúan de mala fe, en violación a la soberanía dominicana o a los sacros Sacramentos.
Ese plan que fue impuesto al Estado dominicano por el Dr. Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), atizado por la renombrada dinastía familia Castillo, y legalizada por Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional (TC), quien actuó como declarante acompañado de los testigos de su entorno constituyente a fin de evitar la haitianización y para mantener esa raza pura, como hicieron en los años 30 los nazis en la Alemania federada , aunque en su mayoría los actuantes son descendientes de haitianos y cocolos como buenos patriotas dominicanos.
