Santo Domingo.-Pocos hablan públicamente del tema dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero muchos sufren callados o critican acremente el poder logrado por connotados miembros de la sociedad civil en la esfera gubernamental a partir del año 2012.
Sin interlocutores en el Palacio Nacional, parte de la vieja dirigencia de la organización observa su merma en los espacios de poder en el área gubernamental y, por el contrario, se ha visto cómo antiguos adversarios de la sociedad civil los ocupan y hasta hacen gala de influencia en la toma de decisiones importantes relacionadas con el futuro del país.
Antes, los incumbentes de la entonces Secretaría de la Presidencia fungían como especies de enlace entre el gobierno y la dirigencia política.
Esa posición la han ocupado en los pasados gobiernos del PLD Danilo Medina, Alejandrina Germán y César Pina Toribio, todos miembros del Comité Político de esa organización.
Aunque los denominados “socialites” generalmente no actúan en público, su influencia ha estado presente en cuestiones que incluyen la soberanía nacional, como el proceso de regularización de extranjeros.
También en el documento de devolución al Congreso Nacional de la ley que declaraba loma de Miranda Parque Nacional y el proceso para anular los títulos registrados correspondientes a una porción de Bahía de las Águilas, en Pedernales.
Jugaron, además, un rol preponderante para que el Poder Ejecutivo devolviera al Congreso Nacional la Ley de Reforma del Código Penal, en la que se penalizaba el aborto; situación que los llevó a confrontar a la Iglesia católica.
Lograron sumarse en la polémica al portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena.
Reconocidos abogados constitucionalistas de la sociedad civil, como Flavio Darío Espinal, Olivo Rodríguez Huertas y Nassef Perdomo Cordero han trabajado en temas relevantes de esa naturaleza.
La abogada Laura Acosta, hija de la extinta Piky Lora, militante de izquierda y que sí estuvo vinculada al partido fundado por el profesor Juan Bosch el 15 de diciembre de 1973, ha tenido a su cargo la defensa del interés del Estado en la litis por Bahía de las Águilas.
La jurista desde el principio dejó claro que actuaba de manera honorífica, sin recibir paga a cambio de su labor.
Ese proceso fue iniciado por su madre cuando era Registradora de Título, en el primer gobierno de Leonel Fernández .
Las opiniones de importantes instancias del Estado han sido asumidas en ocasiones por representantes de la sociedad civil, dentro de las cuales figuran una que otra con despacho en el propio Palacio Nacional.
Silencio
La influencia de los “socialites” materializada en asesorías comunicacionales para crear opinión pública en torno a diversos temas nacionales y en materia económica, de veedurías social y jurídica, ha llevado a decir, por lo bajo, a dirigentes del PLD, que la organización ha caído en manos de la sociedad civil desde la juramentación de Danilo Medina como Presidente.
Los cercanos del Jefe del Estado promotores de la incursión de sociedad civil en el Gobierno lo ven, en cambio, como un logro, al considerar que el peledeísmo logró sumarse a un sector que históricamente lo había adversado.
Quizá como excepción, existe un caso paradigmático en el que esa influencia ha sido neutralizada, que es en lo referente a la discusión del Pacto Eléctrico, en cuyo caso el titular de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara, despacha los asuntos directamente con el Mandatario. Informaciones fidedignas dan cuenta de que los enviados del Ministerio de la Presidencia, Isidoro Santana y Ramón Flores, de la sociedad civil, no han podido accionar conforme a sus pretensiones.
Áreas de influencia
El principal soporte para la influencia de la sociedad civil en el Gobierno viene dado desde el Ministerio de la Presidencia, que dirige Gustavo Montalvo. Aunque no todos laboran allí, hay voces que influyen, como las de Luis Henry Molina, Antonio Isa Conde, Pedro L. Castellanos, Ignacio Méndez, José Ml. González Cuadra, Ramón Flores, Isidoro Santana y Javier Cabreja.
Montalvo logró incluir, de manera honorífica, a los veedores en instituciones públicas que vienen del mundo de los “socialites”, destacándose el propio Cabreja, quien en una ocasión fue director ejecutivo del movimiento cívico Participación Ciudadana. Representa la comisión de veeduría de la Presidencia de la República.
Estas comisiones de veedurías están conformadas por miembros de organizaciones sociales, las iglesias católica y evangélica y medios de comunicación.
Los coordinadores de las comisiones, escogidos por los integrantes de las mismas, son: Víctor Castro, Ministerio de Agricultura; Miguel Antonio Montalvo, Salud Pública; Manuel Estrella, Obras Públicas; Mercedes Canalda, Educación; Pedro Silverio, Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Fernando Ferrán, de Defensa; Yolanda Martínez, Hacienda, y Esteban Tiburcio, Relaciones Exteriores.
También cumplen esa tarea Rafael Paz, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado; Mu Kien Sang, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos; Edmundo Camilo, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado; Persio Maldonado, Oficina para el Reordenamiento del Transporte; Víctor Rosario, Dirección General de Aduanas; Sara Güílamo, Plan Social de la Presidencia; Ana Mitila Lora, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, y Cosette Bonnelly, de los Comedores Económicos.
Una parte de los hoy incluyentes representantes de la sociedad civil llegó al Comité Central del PLD el año pasado a través de la cuota del Comité Político, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón; los viceministros Luis Henry Molina y Marcos Díaz, de la Presidencia y de Deportes, espectivamente; y el administrador del Banco de Reservas, Enrique Antonio Ramírez Paniagua, entre otros.
El temor
Dentro de las filas del peledeísmo ven como cierto de que es real los espacios de poder logrados por reconocidos representantes de la sociedad en el ámbito gubernamental, pero de lo que no están seguros es que permanezcan más allá del actual mandato gubernamental.
En el contexto anterior, citan el hecho de que algunos estuvieron con el mismo entusiasmo apoyando a Hipólito Mejía en 2000-2004, hasta que el dirigente político perdió del expresidente Leonel Fernández.
Queda en el aire, entonces, la pregunta si permanecerán apoyando a Medina más allá de su mandato.
