Por siglos, moverse de un territorio a otro no siempre fue un derecho.
Dependía de una autorización escrita.
Ante esa necesidad, la respuesta fue la implementación del pasaporte.
Hace más dos milenios, en el Imperio Persa, los gobernantes entregaban cartas oficiales que garantizaban paso seguro por sus dominios.
Sin ese documento, nadie cruzaba fronteras, ciudades amuralladas o caminos vigilados.
En la Edad Media se volvió común en Europa.
Lo salvoconductos, emitidos por los reyes, indicaban quién eras, de dónde venías y a dónde podías ir. Su utilidad no era garantizar la seguridad, sino controlar la libertad.
Comerciantes, mensajeros y diplomáticos dependían de estos papeles para no ser detenidos, encarcelados o incluso ejecutados.
Con el tiempo, los Estados entendieron que identificar a las personas era clave para cobrar impuestos, reclutar ejércitos y mantener el orden. Estos documentos comenzaron a estandarizarse.
Practica que siglos más tarde sería asumida por regímenes dictatoriales latinoamericanos. Las famosas “cartas de ruta”.
En el siglo XIX aparecen los primeros pasaportes con datos personales más claros, y tras la Primera Guerra Mundial se vuelven obligatorios en casi todo el mundo.
El pasaporte no nació para facilitar viajes, sino para regular quién podía moverse y quién no. Cada sello, firma y control fronterizo es herencia directa de ese origen: un mundo donde cruzar una puerta requiere el permiso del poder.
