San Juan.- El paro en el campus de Río Piedras de la estatal Universidad de Puerto Rico (UPR-RP) en protesta por los recortes millonarios para los próximos años, secundado por parte de los recintos repartidos por la isla de la entidad educativa, cumple hoy un mes sin que en el horizonte se aviste una solución.
Loderay Bracero, portavoz de la organización Movimiento Estudiantil de la Universidad de Puerto Rico-Río Piedras de la capital puertorriqueña, dijo hoy a Efe que la huelga y el consiguiente cierre de las instalaciones se mantiene dada la imposibilidad de alcanzar un acuerdo.
“Somos optimistas, pero no ha habido seriedad a la hora de escuchar nuestras propuestas”, señaló Bracero, tras apuntar que no se ha conseguido avance alguno para poner fin a un paro que trastoca el segundo semestre académico y los exámenes de fin de curso.
La líder estudiantil subrayó que no ha habido avances debido a la nula receptividad a sus propuestas de la dirección de la UPR, del Gobierno de la isla caribeña y de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que es la entidad de control al Ejecutivo liderado por Ricardo Rosselló que establece la normativa Promesa.
La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) fue aprobada el pasado junio por el Congreso en Washington para dar solución a la deuda pública de cerca de 70.000 millones de dólares que arrastra la isla caribeña.
“Estamos abiertos a canales de comunicación”, sostuvo Bracero, para quien hay disponibilidad de reunirse con la JSF, Gobierno de la isla o dirección universitaria en busca de un acuerdo.
“Queremos cero recortes”, indicó la líder estudiantil, para quien la reducción millonaria para la UPR que propone la JSF, tiene como objetivo “pagar a unos ‘bonistas’ una deuda impagable».
En cuanto al trastorno que el paro pueda provocar para los exámenes de fin de curso que se deberían celebrar en semanas, dijo que una vez termine la huelga habrá que hacer ajustes, pero que la idea es que esa pruebas se celebren en cuanto sea posible.
Los estudiantes se oponen a que se tenga que aplicar una reducción dramática del presupuesto para la UPR, tal y como propone la JSF, además de rechazar el papel jugado por los banqueros y los organismos que facilitaron las emisiones de bonos de deuda.
Los estudiantes exigen además una auditoría para la deuda pública de Puerto Rico, que ronda los 70.000 millones de dólares.
La Junta de Gobierno de la UPR informó esta semana que la institución sufrirá un recorte de 149 millones de dólares para el próximo año, por lo que trabaja en los ajustes de gastos para mantener las operaciones del primer centro docente de la isla.
Por ello, en lugar de los 834 millones anuales que recibía la UPR del Gobierno, que se habían mantenido en los últimos tres año para el curso 2017-2018, la partida se reducirá a 685 millones.
Los estudiantes denuncian que durante los últimos años se han hecho ajustes, por lo que una nueva reducción supondría hacer inviable mantener unos niveles de calidad educativos mínimos.
No obstante, en la noche del viernes, el Tribunal Apelativo de Puerto Rico dictaminó que se reabran los portones de la UPR-RP, de aquí al próximo 11 de mayo.
Además ordena que se permita el libre acceso al lugar. A su vez, la orden decreta que el personal de la UPR garantice que proveerá los cursos en el calendario académico del actual semestre.
En su defensa para haber adoptado dicha decisión, se indica que las autoridades universitarias “fallaron en su deber ministerial de balancear el derecho de expresión con el de la educación».
Asimismo, se le ordena restablecer el “libre y seguro” acceso y continuar con las labores académicas del campus universitario “conforme al calendario educativo vigente».
Esta decisión revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, el cual declaró no ha lugar el injuction preliminar y el mandamus en la demanda de cinco estudiantes de la Escuela de Derecho, presentada el pasado 31 de marzo contra la UPR.
